Bancos y aseguradoras deberán congelar cobros y dar alivios a deudores tras sismo; esto cambió con la norma

En respuesta a la emergencia, la Superintendencia Financiera de Colombia expedirá oficialmente la Circular Externa 007 del 26 de agosto de 2026 con el propósito de aliviar el severo impacto económico generado por el reciente sismo.

La nueva reglamentación establece pautas de cumplimiento obligatorio y optativo que las instituciones bancarias y crediticias deberán implementar de inmediato para favorecer a los usuarios afectados.

En cuanto a su cobertura, el ámbito territorial de la norma cobija específicamente a los habitantes y empresas de departamentos como Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Norte de Santander.

Estas medidas excepcionales mantendrán su vigencia durante el término total de 12 meses fijado en la declaratoria de desastre nacional aprobada por el Gobierno.

Respecto a las deudas, la reestructuración crediticia aplica únicamente a aquellas obligaciones financieras contratadas con anterioridad al 10 de agosto de 2026 y cuyos vencimientos ocurran después de esa fecha.

Los establecimientos bancarios ofrecerán alternativas de refinanciación extendiendo plazos hasta por 20 años, con el compromiso estricto de no encarecer las tasas originales ni cobrar intereses moratorios durante el periodo de negociación.

Para proteger a los usuarios, el historial crediticio de todos los deudores que accedan a estos esquemas especiales de refinanciación no reportará calificaciones negativas ante las centrales de riesgo durante los 12 meses posteriores a la firma del acuerdo.

Además, la directiva del órgano de control aclara que estos créditos no se catalogarán como deudas modificadas o reestructuradas, lo que resguarda el perfil comercial de los solicitantes.

En el sector asegurador, las entidades aseguradoras tendrán el deber de acelerar los procesos de indemnización considerando la tragedia ambiental y sísmica como un hecho notorio que requiere una tasación rápida de los daños sufridos.

Igualmente, las empresas de este sector otorgarán facilidades para el pago regular de las primas y mantendrán canales de atención preferencial para las reclamaciones presentadas por prestadores de servicios de salud.

Por otra parte, los fondos de pensiones y el Fondo Nacional del Ahorro implementarán mecanismos de atención ágil para permitir el retiro parcial de cesantías destinadas a la reparación o compra de vivienda de los damnificados.

Asimismo, las sociedades fiduciarias y comisionistas de bolsa quedaron autorizadas para suspender las penalizaciones asociadas al retiro anticipado de dinero dentro de los fondos de inversión colectiva.

Finalmente, en materia de análisis de riesgo, la evaluación crediticia para el otorgamiento de nuevos financiamientos adoptará esquemas flexibles basados en información alternativa sobre la proyección de ingresos futuros del cliente.