Auditoría a la Agencia Nacional de Hidrocarburos encontró irregularidades por casi $11.000 millones

Con un total de seis hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen incidencia fiscal por un total de $10.710 millones, además de otros dos con connotación disciplinaria, finalizó una Auditoría de Cumplimiento para la vigencia de 2022 que llevó a cabo la Contraloría General de la República sobre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El hallazgo de mayor cuantía, según el ente de control, se identificó en un convenio que la ANH suscribió con el Servicio Geológico Colombiano (SGC) para la adquisición de unos equipos por valor de $9.801 millones que no se utilizaron.

Se trata de 10 gravímetros, dispositivo usado para medir la aceleración de la gravedad, y 37 magnetómetros, una herramienta que cuantifica en fuerza o dirección la señal magnética de una muestra, en medio del proceso que buscaba “aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos, financieros y logísticos para la integración cartográfica de la información geológica de superficie y subsuelo para la zona norte de las cuencas del valle inferior del Magdalena y Sinú San Jacinto”, en la costa norte de Colombia.

La Controlaría pudo constatar además que los 37 magnetómetros ni siquiera alcanzaron a llegar antes de la finalización de ese convenio y que fueron adquiridos por el Servicio Geológico sin la intervención de la ANH y sin un reporte de la apropiación y manejo de estos millonarios recursos.

“Estos equipos no fueron nunca utilizados en el convenio y por eso puede presumirse que aquí hubo un detrimento patrimonial”, puntualizó Germán Castro Ferreira, contralor delegado para el sector de Minas y Energía.

Pero este no fue el único hallazgo en la ANH con relación al Servicio Geológico Colombiano. En otro convenio la entidad presume otro detrimento patrimonial de $908.6 millones por el arrendamiento de un local en un edificio con parqueaderos y accesos pero que nunca fue utilizado para los fines contratados que consistían en el desarrollo de actividades de investigación y generación de intercambio de información científica y tecnológica entre el SGC y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

“Las instalaciones subarrendadas no fueron utilizadas, dado que no se encontraron registros con los movimientos del personal designado e informado por el SGC para el desarrollo de los convenios durante el término de duración de los contratos”, concluyeron las indagaciones de la Contraloría.

Así las cosas, el SGC pagó los respectivos cánones de los subarrendamientos con recursos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos por un servicio innecesario, que el ente de control atribuye a la falta de estudios previos y planificación por parte de los implicados.

Otros hallazgos en la ANH

Otras actuaciones dentro de la auditoría llevada a cabo pudieron determinar que en la entidad encargada de administrar los recursos hidrocarburíferos de la Nación y asignarlos para su exploración y explotación, también se estaban presentando deficiencias en su oficina de Control Interno.

Malos procedimientos en las auditorías a los convenios interadministrativos, inexactitudes en la información reportada a la Contraloría y diferencias de valores de los honorarios para la prestación de servicios, fueron algunos de los hallazgos del ente de control.

Adicionalmente, se detectaron convenios interadministrativos suscritos por la ANH en los que se adquirieron bienes para servicio de otras entidades, pero sin contratos de comodato para la administración de esos recursos.

Asimismo, algunos contratos la ANH los habría pagado totalmente sin liquidar y omitiendo los certificados de satisfacción con la obra que garantizan la conformidad con la labor o el servicio prestado.

En otros procesos también se presentaron serias omisiones en asuntos como estudios previos y cláusulas contractuales para llevar a cabo subcontrataciones.

Tras los hallazgos de la Contraloría se espera que en los próximos días inicien los respectivos procesos que permitan individualizar a los responsables de las irregularidades y que en una etapa posterior puedan ser sujetos de sanciones disciplinarias o incluso judiciales.