Alertan por artículo que se 'coló' en proyecto anticorrupción y pone en riesgo libertad de prensa

Un polémico artículo que se 'coló' en el proyecto de ley anticorrupción podría poner en riesgo el ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos.

Así lo alertaron la Asociación Colombiana de Medios de Información, AMI, y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación, Asomedios, en un comunicado conjunto en el que advierten sobre la nueva disposición, con la que se pretende 'blindar' a funcionarios y exfuncionarios públicos de posibles denuncias.

La iniciativa, a punto de convertirse en Ley, busca reforzar las normas contra la corrupción en el país; sin embargo, en su radicación para último debate se incluyó el artículo 221a, en el que se penaliza la "injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos".

“El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal", señala el texto.

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Y añade a renglón seguido: "cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la ley 906 de 2004”.

En el comunicado, las agremiaciones aseguran que no entienden "qué relación tiene una disposición así con el objeto de la ley".

Agregan también que "la tipificación de los delitos de injuria y calumnia y la responsabilidad penal y civil extracontractual derivada de la comisión de los mismos aplica para todos quienes cometan esos actos en Colombia, sean o no funcionarios o exfuncionarios públicos o sus familiares, por lo que no se entiende tampoco la creación de un régimen especial o privilegiado en caso que los sujetos pasivos de tales delitos fueran estas personas”.

También señalan en el documento que la "injuria o calumnia debidamente comprobada significa una sentencia en firme surtidas todas las instancias, lo cual toma años y excede periodos de funciones públicas. Por lo que justificar la norma propuesta argumentando que se orienta a defender o impedir la obstrucción de funciones constitucionales y legales no es acertado, y menos aún teniendo en cuenta que para el debido ejercicio de la función pública, existen también ya estatutos y normas en la legislación nacional".

Finalmente, Asomedios y AMI solicitaron eliminar la propuesta de este artículo, "la cual es altamente inconveniente para el ordenamiento jurídico, en especial para la garantía del ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos".