Alarmas en el sector turístico por borrador de decreto que restringiría a Airbnb y demás plataformas de alojamiento

El ecosistema de alojamientos turísticos ofrecidos a través de plataformas digitales enfrenta un momento decisivo, luego de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó un borrador de decreto que, según diversos actores del sector, podría transformar de manera abrupta el funcionamiento de servicios como Airbnb y otras aplicaciones de arrendamientos temporales.

La medida entraría en vigor el 18 de diciembre y, de acuerdo con una denuncia de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), lo haría sin un período de transición que permita a los propietarios y a las plataformas adaptarse a los nuevos requisitos.

El documento, hoy altamente debatido, introduce exigencias que la CCIT califica como “de imposible cumplimiento técnico y jurídico”.

En su denuncia, la organización advierte que el Gobierno estaría imponiendo una especie de “licencia de facto” a todos los propietarios que ofrecen sus viviendas para estadías turísticas, lo que implicaría cargas documentales y procesos que no hacen parte de la regulación vigente.

En ese contexto, para el CCIT, uno de los puntos de mayor preocupación es la transformación del actual sistema declarativo del RNT, el cual ha permitido que el 95 % de las viviendas turísticas estén formalizadas, hacia un esquema de “preverificación administrativa”.

Bajo este modelo, los propietarios deberían cumplir con requisitos adicionales antes de poder operar, lo que, en palabras del gremio, podría traducirse en barreras que limitarían el acceso y la permanencia de pequeños oferentes en el mercado.

Entre las nuevas obligaciones, el borrador exige que las plataformas digitales verifiquen que el uso del suelo y los reglamentos de propiedad horizontal autoricen expresamente la actividad de alquiler turístico, una responsabilidad que hoy no figura en la Ley 2068 de 2020.

A esto se suma la obligación de revisar cada seis meses la vigencia del RNT de los anfitriones, evitar la publicación de anuncios duplicados y asegurar la interoperabilidad con sistemas gubernamentales que, según la CCIT, “aún no están implementados”.

Para el gremio, estas exigencias trasladan al sector privado obligaciones que corresponden al Estado y, además, podrían afectar gravemente a miles de emprendedores que dependen del turismo como fuente principal de ingreso.

La CCIT advierte que la medida también amenaza la estabilidad de un modelo que ha permitido dinamizar economías locales, especialmente en zonas donde la oferta hotelera tradicional es limitada.

Al respecto, Alberto Samuel Yohai, presidente de la CCIT, enfatiza que “las plataformas de turismo generan más de 215.000 empleos y han aportado más de 550 millones de dólares al PIB turístico del país”. Asimismo, añade que, estas aplicaciones han impulsado modalidades como el ecoturismo y el agroturismo, fortaleciendo la actividad económica de comunidades en distintos territorios.

Los datos respaldan esa afirmación, pues por cada 10 dólares destinados al alojamiento vía aplicación, el turista genera 48 dólares adicionales en gastronomía, comercio, entretenimiento y transporte.

Solo en 2024, los viajeros que se hospedaron en viviendas turísticas dejaron 2,8 billones de pesos en restaurantes y 1,3 billones de pesos en transporte.

Frente al riesgo de lo que describen como un posible “apagón digital” del turismo justo en diciembre, uno de los meses de mayor movimiento del año, la CCIT pide al Gobierno abrir espacios de diálogo técnico y reconsiderar el alcance del decreto.

Para el sector, una regulación mal diseñada podría desarticular un ecosistema que generó más de 215.000 empleos, aportó más de 550 millones de dólares al PIB turístico y atrajo casi 7 millones de visitantes durante 2024.