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Las investigadas habrían manifestado que la autorización de pagos a entidades de salud eran para apoyar a la Población Pobre no Asegurada. | Foto: Colprensa

INVESTIGACIÓN

Acusan a exfuncionarias de autorizar pago en servicios de salud a pacientes que no existieron

Con estas actuaciones irregulares, se habrían autorizado pagos por $7.854 millones que, al parecer, quedaron en manos de funcionarios, contratistas y particulares.

21 de junio de 2022 Por: Colprensa

La Fiscalía General de la Nación acusó a exfuncionarias de la Gobernación de Sucre por haber autorizado pagos en servicios de salud a pacientes psiquiátricos que nunca existieron, los hechos habrían comprometido $7.854 millones.

Las exfuncionarias acusadas son la exsecretaria de Hacienda de Sucre, Keyna María Mebarak Covaleda; y a las exdirectoras del entonces Instituto de Salud del departamento, Yudy Mary Zuleta Vergara, Martha del Carmen García Díaz y Julissa Lizet Mercado Gutiérrez.

Las sindicadas fueron acusadas por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

Las investigadas habrían manifestado que la autorización de pagos a entidades de salud eran para apoyar a la Población Pobre no Asegurada (PPNA), dichos pagos nunca existieron ni se realizaron.

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“Las exfuncionarias, al parecer, emitieron 9.000 resoluciones en las que autorizaron desembolsar los recursos para cubrir 2.000 facturas de cobro, de las cuales 1.294 correspondían a supuesta atención en urgencia a pacientes con enfermedades psiquiátricas o adicciones. Esto habría ocurrido entre 2008 y 2014”, informó la Fiscalía.

La Fiscalía informó que la investigación daba cuenta de múltiples inconsistencias como que las diferentes instituciones no cumplían con los requisitos legales para prestar los servicios de salud, además fueron presentados documentos falsos que intentaron mostrar legalidad en la atención prestada.

“Con todas estas actuaciones irregulares, el departamento autorizó pagos por $7.854 millones. En la investigación se constató que este dinero, al parecer, quedó en manos de funcionarios, contratistas y particulares”, informó la entidad.

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