A la cárcel, exdirectivos de la Universidad Distrital implicados en presunto desfalco

A la cárcel fueron enviados Wilman Muñoz Prieto, exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, y la extesorera de la entidad, Patricia Gamboa, por el presunto desfalco millonario al centro educativo.

La decisión la tomó el juez 46 con función de Control de Garantías, al considerar que no podrían ser un peligro para la investigación que se surte en su contra, dado que la podría obstruir con sus actuaciones.

A Gamboa le fue librada la boleta para trasladarla a la cárcel Buen Pastor, mientras que a Muñoz Prieto le dieron tres días para establecer el centro de reclusión dado que en la cárcel La Picota, en el pabellón de funcionarios públicos, están en hacinamiento.

La juez consideró que podría ser posible que lo trasladen a la cárcel de Facatativá, Cundinamarca.

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A Muñoz y Gamboa les imputaron cargos por peculado, falsedad en documento público y concierto para delinquir. El exdirectivo aceptó los dos primeros, pero se declaró inocente del tercero. La mujer, por su parte, no aceptó ninguno de los delitos.

Sobre las actuaciones de los investigados, la Fiscalía describió una serie de irregularidades con los recursos de la Universidad que se iniciaron con la apertura de una cuenta bancaria el 6 de noviembre de 2012.

El ente acusador dice que quien autorizó esa transacción fue Boris Rafael Bustamante, quien estuvo como rector encargado hasta el 2 de noviembre de ese año, razón por la cual no se entiende por qué apareció su firma cuatro días después presentando esa solicitud.

“No existe justificación para abrir la cuenta, no hay documentación universitaria que justifique no existe resolución o acuerdo del consejo superior de la universidad que establezca el motivo por el cual se abrió la cuenta. Tampoco hay explicación del entonces rector del porqué se abrió dicha cuenta”, relató el fiscal de la Unidad Anticorrupción.

Sin embargo, el ente acusador habla de que se conformó una empresa criminal que delinquió desde enero de 2015 hasta enero de 2019 y que solo se detuvo con la intervención de la Procuraduría y la Fiscalía cuando se tuvo conocimiento de la queja presentada por el rector Ricardo García.

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De Muñoz Prieto, la Fiscalía dijo ante el estrado que “tenía la facultad de girar cheques a sí mismo y proceder a cobrarlos de modo que se obtuviera el dinero en efectivo para el manejo a su antojo de la apropiación ilícita”.

Gamboa, por su parte, supuestamente conocía las maniobras que hacía Muñoz, conforme lo dijo el delegado del búnker que añadió que la mujer supo de por lo menos 300 transferencias que se hacían desde otras cuentas bancarias a la cuenta que no tenía manejo ni control de ninguna autoridad administrativa.

“Existe indagación frente a otros funcionarios que conociendo el manejo administrativo irregular que se daba dentro del Instituto permitieron los trámites y omitieron el control sobre el manejo de estos recursos. Incluso existía por regulación un comité de vigilancia que debería verificar la vigilancia administrativa y, al parecer, este comité no funcionó o nunca reportó las irregularidades y las dejó pasar”, relató el fiscal.

De allí que vendrá una segunda fase de esta investigación que con el material hasta ahora recaudado se habla de un desfalco cercano a los 12.000 millones de pesos.