SIC decreta medidas cautelares frente a rifirrafe de recolección de basuras en Cali

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, dictó una resolución a través de la cual decretó medidas cautelares frente al rifirrafe alrededor del proceso de recolección de basuras en Cali, en medio de una disputa que involucra a Emsirva y cuatro operadores privados del servicio de aseo en la ciudad.

La decisión quedó consignada en la Resolución 38275 de 2026, un documento de 38 páginas en el que la autoridad de competencia advierte posibles conductas que podrían afectar la libre competencia económica en el mercado del aseo en la capital del Valle del Cauca.

La controversia tiene origen en el proceso de liquidación de Emsirva, empresa pública que durante décadas manejó el servicio de aseo en Cali y que desde 2008 comenzó a operar mediante un modelo de subcontratación dividido por zonas.

Bajo ese esquema, compañías como Veolia Aseo Cali, Ciudad Limpia y Promoambiental asumieron la operación del servicio en distintos sectores de la ciudad.

Según la SIC, los contratos firmados con Emsirva establecían obligaciones específicas para los operadores, entre ellas devolver bases de datos, información comercial y operativa, así como facilitar el retorno de la operación una vez terminara la relación contractual.

Sin embargo, el conflicto surgió luego de que los contratos finalizaran el pasado 28 de enero de 2026. Aunque las empresas privadas decidieron no extender los convenios con Emseirva, continuaron,presuntame prestando el servicio de aseo en las mismas zonas donde venían operando desde hace más de 15 años.

Para Emsirva, esto configuraría una actuación coordinada entre las cuatro compañías para quedarse con el mercado del aseo en Cali y bloquear la posibilidad de que la empresa pública, u otros operadores, puedan competir nuevamente.

En resumen, La Superintendencia de Industria y Comercio le está exigiendo principalmente a los cuatro operadores privados de aseo en Cali que entreguen la información clave necesaria para garantizar la libre competencia en el servicio de recolección de basuras.

Según el documento de la Superintendencia de Industria y Comercio, encontró elementos que le permitieron considerar que podría existir un riesgo para la libre competencia.

En particular, la entidad observa similitudes en las actuaciones de las empresas investigadas, especialmente frente a la negativa de entregar información estratégica como el catastro de usuarios, contratos de condiciones uniformes y bases de datos operativas.

Uno de los puntos más delicados del documento es la referencia a una presunta “coordinación” entre los operadores privados.

La Superintendencia advierte que las compañías habrían mantenido intacta la división zonal del servicio incluso después de terminados los contratos con Emsirva, situación que podría interpretarse como un reparto del mercado.

En el documento La SIC sostiene que, por ahora, no existe una sanción definitiva ni una declaración formal de responsabilidad.

Lo que se adoptó fueron medidas cautelares encaminadas a evitar que, mientras avanza la investigación, se produzcan daños irreversibles sobre el mercado o se afecte una eventual decisión futura.

En términos sencillos, la Superintendencia busca impedir que las empresas investigadas sigan utilizando información estratégica o ventajas obtenidas durante los años de operación con Emsirva para consolidar su posición en el mercado del aseo en Cali.

La entidad considera que el caso no es únicamente un problema contractual, sino una discusión sobre las reglas de competencia en la prestación de servicios públicos.

En la resolución, recuerda que la Ley 142 de 1994 establece principios como la libre competencia, la libertad de empresa y la posibilidad de que los usuarios puedan elegir prestador.

La decisión de la SIC se produce en un momento clave para el futuro del servicio de aseo en Cali, pues la liquidación definitiva de EMSIRVA está prevista para el próximo 30 de junio de 2026.

Ahora, el proceso continuará bajo análisis de la autoridad de competencia, que deberá determinar si efectivamente existió una actuación coordinada entre las empresas privadas para impedir el ingreso de nuevos competidores o apropiarse definitivamente del mercado del aseo en la ciudad.