¿Qué hace el colegio de sus hijos ante casos de 'bullying'?

El caso del joven que se suicidó en Bogotá luego de recibir presiones emocionales en su colegio prendió las alarmas en todo el país. ¿Los planteles de Cali han cambiado sus normas de convivencia? El País lo averiguó.

Aunque ya se cumple un año de haber sido reglamentada, la implementación de la Ley de Convivencia Escolar 1620, más conocida como Ley ‘Antibullying, aún genera muchas dudas entre las instituciones es educativas.Los interrogantes en torno a esa Ley quedaron manifiestos con el caso del suicidio del joven Sergio Urrego, que habría sido víctima de matoneo en su colegio, debido a su condición sexual.El plazo para ajustar esta ley al interior de todos los colegios fue marzo de este año. Para ese entonces, explica Edgar Polanco, secretario de Educación de Cali, se creó el Comité Municipal de Convivencia Escolar, uno de los requisitos de la norma.Sin embargo, Libardo Dorado, vocero de la Asociación de Colegios Públicos de Cali, asegura que “al imponer el plazo, los legisladores no entienden que este tema requiere una discusión y una socialización. No puede ser de aplicación inmediata porque reformar el manual de convivencia requiere tiempo”. En esta misma línea, el Secretario de Educación señaló que algunos colegios ya ajustaron sus manuales de convivencia de acuerdo con los lineamientos de esta ley, pero que “nos preocupa que hemos encontrado algunas instituciones que solo han hecho unos cambios específicos, y no la implementación de una ruta integral de atención para los casos de ‘bullying’, que es el verdadero espíritu de la ley”, señaló Polanco.Por esta razón, añade, el próximo 25 de septiembre se dará un seminario con todos los rectores de Cali para aclarar las dudas sobre la legislación.Eduard Hernández, personero delegado de Menor y Familia, explica que lo más difícil del proceso ha sido comprender la norma, cuya reglamentación consta de 297 páginas. “Hay partes que generan duda. Por ejemplo, la diferencia entre los términos ‘bullying’ y violencia escolar, que es muy importante porque la primera se trata dentro del colegio, a través de la ruta de atención, mientras que la segunda está tipificada en el código penal y puede ser delito o contravención, por lo cual se debe remitir a las autoridades”, señaló. El Secretario de Educación agregó que también quedan dudas sobre a qué autoridad se debe dirigir el caso: Icbf, Personería, Policía de Infancia, etc. “Sin embargo, lo más importante de implementar esta ley es que han comenzado a visibilizarse los casos. Antes había mucho miedo a denunciar y cuando ya se hacía evidente el bullying, ya era demasiado tarde”, dice el personero delegado. Agrega que, en consecuencia, la Personería este año (hasta agosto) ha recibido 17 denuncias por acoso escolar, mientras el pasado recibió en total 27. “Creemos que de aquí a diciembre van a ser muchos más que en 2013”, lo que califica como un avance positivo para la visibilización del problema. Así mismo, la Corporación para la Atención Integral de la Niñez, Corpolatin, reportó en el primer semestre de 2014 29 denuncias por intimidación en el colegio o ‘bullying’, en su línea gratuita 106. Otras trece tienen que ver con problemas con docentes. “A pesar de tener la Ley 1620, es urgente el acompañamiento en el conocimiento, implementación y afianzamiento de la misma dentro de las comunidades educativas públicas y privadas. Además, es necesario involucrar a los jóvenes en los procesos de construcción de los manuales y planes de convivencia”, señaló Claudia Palta, Coordinadora Técnica de Corpolatin. Anne Marie Leroy, coordinadora del Liceo Benalcázar, señala que “esta es una ley que se debe digerir, tiene mucha información. Su enfoque es más humano y pone en el tapete muchas situaciones que no considerábamos violentas. Por eso es importante tomarse el tiempo de leerla una y otra vez. Nosotros comenzamos el análisis en abril y apenas hasta ahora empezamos a mirar qué cambios se generarán en el manual de convivencia”. Manuel Molina, coordinador académico del colegio Ángeles del Norte, añade que “desde la implementación de la ley solo nos han dado una charla y fue masiva. Aunque la guía tiene una intención didáctica, hay muchos términos jurídicos en ella que uno quisiera aclarar. Por ejemplo con los casos que se reportan a las autoridades, ¿y la labor formativa dónde queda?”.