Polémica por renovación de contrato de servicios de tránsito en Cali

A pesar que el Centro Diagnóstico Automotor del Valle, Cdav, es modelo a nivel nacional, genera dudas sobre la Administración del médico Rodrigo Guerrero.

Dos meses antes de terminar su mandato, el 3 de noviembre de 2011, el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, renovó por doce años más el convenio interadministrativo con el Centro Diagnóstico Automotor del Valle, Cdav, mediante el cual esa entidad se encarga de llevar el registro público de vehículos de la ciudad, así como de recaudar los recursos obtenidos por comparendos, multas e impuestos y sistematizar toda la información inherente a los trámites de tránsito.El convenio inicial, firmado en 1999, estipulaba que además de registrar las matrículas y recaudar las multas e impuestos, el Cdav se encargaría de prestar servicios como la revisión tecnomecánica de los vehículos, expedir licencias de conducción y certificados de gases.Detrás de la prestación de esos servicios hay un negocio millonario, como lo prueban las cifras entregadas por propio Cdav a este diario la semana pasada.Es por eso que la Administración Municipal, en cabeza del médico Rodrigo Guerrero, ha criticado la forma en que se prorrogó dicho convenio, pues se hizo mediante un otrosí y no a través de una licitación, “pese a que van a manejar casi un billón de pesos”, recalca Guerrero.También cuestiona la eficacia en el recaudo de las multas por cobrar, cartera que, según el Alcalde, supera los $100.000 millones. El Mandatario también ha expresado inconformidad por los porcentajes que del total del recaudo le corresponden al Municipio y al operador del convenio, 40% para la Administración y 60% para el Cdav. “En otras ciudades esos porcentajes son mucho más equitativos, por ejemplo en Bogotá, donde están por el orden del 50% para cada uno”, señaló.Alberto Hadad, el secretario de Tránsito recién nombrado, también ha sido crítico de algunos compromisos pactados en el otrosí al convenio, “como las 40 cámaras para fotomultas, cuando la ciudad requiere al menos 200 de esos equipos”, señaló Hadad, aunque aclaró que hasta no conocer a fondo la situación se abstendrá de hacer comentarios.Convenio resistidoMás allá de la polémica suscitada por los cuestionamientos lanzados desde la nueva Administración Municipal, Gustavo Castillo, gerente del Cdav, muestra unos resultados, en apariencia contundentes, tras los primeros doce años del convenio.En ese tiempo se ha recaudado un total de $368.986 millones de los cuales el Cdav ha entregado el 64% a la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio, STT, para un total de $237.217 millones.Además, la ley estipula que el Cdav debe entregar una mínima parte del recaudo a la Federación Colombiana de Municipios, entidad que recibió un total de $4.866 millones, y desde el año pasado al Centro Integral de Atención, al que le trasladó $527 millones. El resto del recaudo, un total de $126.374 millones, se ha quedado en las arcas del Cdav. Aunque Castillo sostiene que “nuestra misión no es el lucro y por eso fuimos creados en 1977 para contribuir a la disminución de la accidentalidad vial, mediante el diagnóstico de la capacidad de conducir de las personas y del estado general de los vehículos”.El Cdav es una entidad mixta cuyos socios mayoritarios son el propio Municipio de Cali, con el 49,7% de las acciones, el Ministerio de Transporte con el 45,2%. Los otros son el Departamento del Valle y la Fundación para el Desarrollo Integral del Valle, FDI, que participan con el 2,7% y el 2,4%, respectivamente.Por sus socios y por contar con el respaldo de la FDI, una entidad adscrita a la Cámara de Comercio de Cali que ha estado presente en el desarrollo de empresas estratégicas para la región, nadie pone en duda la pertinencia del Cdav.“Por eso la vocación no es repartir dividendos ni que queden grandes utilidades, sino prestar un servicio con excelencia, como lo hacemos desde hace ya 35 años; los recursos que nos corresponden del convenio con el Municipio, prácticamente pagan es los gastos de la operación”, argumenta Castillo.Pero precisamente de ese argumento sale uno de los más fuertes cuestionamientos del alcalde Guerrero, “hay que mostrar quiénes son los que se están beneficiando con esa millonaria operación”, cuestiona el Mandatario.Ante esta duda, el vocero del Cdav le explicó a El País que “la mayoría de los servicios los prestamos nosotros directamente, por ejemplo, la expedición de licencias, de certificados de gases, la revisión tecnomecánica, así como el manejo de los patios y las grúas”.Castillo aceptó que donde tienen un aliado estratégico es en “los servicios de procesamiento y sistematización de todos los trámites de tránsito, infracciones, recaudo de los impuestos y multas, la custodia física y lógica de la información, cobro persuasivo, y promoción y comercialización de los servicios a los clientes”.Ese aliado estratégico se llama Unión Temporal Servicios de Tránsito y reemplazó a Cintravalle, que fue el nombre original del grupo de empresas que se encargó de montar la red de interconexión de los puntos de atención y disponer el software especializado en tránsito que requería el Cdav para cumplir el convenio.“Esta Unión Temporal ha sido considerada modelo nacional y presta los mismos servicios en ciudades como Montería, Medellín, Itagüí, Armenia, Manizales y Bogota”, recalca Castillo.Guerrero, sin embargo, insiste en que más allá del negocio, “que podría ser todo del Municipio, se está perdiendo la memoria institucional”.Las razones del primer convenioEn 1998 el alcalde de Cali, Ricardo Cobo, en compañía del director del DAS, denunciaron que en la Secretaría de Transito y Transporte, “había una mafia matriculando carros robados, alterando las bases de datos y manipulando el cobro de las multas…”. Por esas mismas fechas, la Fiscalía hizo un allanamiento y registró que “los funcionarios de la propia Secretaría arrojaban los expedientes por las ventanas”. A la par con las alarmas encendidas por las autoridades, la Contraloría de Cali señaló que “en 1999 de cada $100 que le ingresaban al Municipio por matricular un vehículo o el pago de multas e impuestos, $92 se iban en gastos administrativos, en la práctica, la operación de la Secretaria de Tránsito no produce excedentes”.La combinación de problemas estructurales, la comisión de delitos e irregularidades y la falta de gestión de la entidad, llevaron al Municipio a buscar una salida. Carlos Campillo, cuestionado secretario de Tránsito en 1999, escogió al Centro de Diagnóstico Automotor del Valle para que se hiciera cargo de algunos servicios y de apoyar las labores de la STTM a través de un convenio interadministrativo cuya vigencia se pactó por doce años.