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Ordenan a Mineducación garantizar transporte a 294 menores discapacitados de Asodisvalle

Así lo señaló la Sala Disciplinaria del Consejo Superior al fallar una acción de tutela en favor de la Asociación de Discapacitados del Valle.

1 de junio de 2016 Por: Elpais.com.co | Colprensa

Así lo señaló la Sala Disciplinaria del Consejo Superior al fallar una acción de tutela en favor de la Asociación de Discapacitados del Valle.

 El Consejo Superior de la Judicatura ordenó al Ministerio de Educación Nacional tomar las medidas necesarias para garantizar el transporte y el desayuno a 294 estudiantes en situación de discapacidad de la Institución Educativa Asodisvalle en el distrito de Aguablanca, oriente de Cali. Lea también: Se buscan padrinos para niños discapacitados de Cali

 Los estudiantes beneficiados con esta decisión son atendidos por Asodisvalle, mediante el contrato 246 del 29 de enero de 2016, suscrito con la Secretaría de Educación del municipio de Cali, por no contar la Entidad Territorial con la capacidad suficiente para atender la demanda en sus instalaciones propias.

 La Sala encuentra que se debe garantizar el transporte escolar al considerar que es una necesidad de los niños, máxime cuando muchos de ellos se encuentran en silla de ruedas, sin que puedan movilizarse en bus y requieren medios de trasporte adecuados.

 Cabe anotar que la población regular de estos niños, niñas y adolescentes son de estrato socioecomicos 1 o 2, o bien de niveles del Sisben con puntaje inferior a 51.58 y con necesidades educativas especiales.

 Al fallar una tutela, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura estimó que el restaurante y el transporte escolar son necesarios y constituyen condiciones concretas para permitir garantizar el acceso material del derecho a la educación de los niños y niñas.

 La sala señaló que los niños en situación de discapacidad son sujetos de especial protección constitucional y, por tanto, el Estado tiene las mismas obligaciones frente a quienes presentan discapacidades. 

De allí, dice la Judicatura, que los gobiernos tengan la obligación de financiar adecuadamente la educación para que los niños no deban pagar por su escolarización ni se les prive de ella por falta de recursos. 

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