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Armando Garrido Otoya, nuevo presidente de Metrocali.

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No existe fallo alguno contra Garrido, expresidente de Metrocali: Procuraduría

El procurador provincial de Cali, Hernán Camilo Llanos, certificó que contra el expresidente de Metrocali no existe fallo alguno y que el proceso se encuentra en etapa de alegatos de conclusión.

19 de julio de 2017 Por: Redacción de El País 

El procurador provincial de Cali, Hernán Camilo Llanos, certificó que contra el expresidente de Metrocali, Armando Garrido, no existe fallo alguno y que el proceso se encuentra en etapa de alegatos de conclusión.

Llanos Pérez hizo la aseveración en una comunicación enviada a Garrido Otoya, en respuesta de una petición que el exfuncionario le hizo en el sentido de que certificara “el estado en que se recibieron los procesos (que adelantaba la Personería en contra del expresidente de Metrocali) y específicamente se me certifique si en el marco del proceso No 513-2016 (verbal) se profirió fallo disciplinario en mi contra y si a dicho acto administrativo se le dio la ritualidad que exige el artículo 101 de la ley 732 de 2002 y en tal caso, entregar copia de los documentos en donde consten las respectivas notificaciones”.

En el punto número uno de su respuesta a Garrido, el Procurador Provincial afirma: “Es preciso anotar también que si bien es cierto que el proceso se encuentra para audiencia de alegatos de conclusión y fallo de primera instancia, esta Procuraduría deberá hacer un estudio exhaustivo del mismo, a fin de determinar que cada actuación adelantada por la Personería Municipal de Cali se haya realizado conforme lo establece la normatividad frente al cargo endilgado, amén de asegurar el respeto de las garantías fundamentales”.

La manifestación del Procurador Provincial contradice lo aseverado por el personero Hector Montoya, quien en declaraciones publicadas por este diario el pasado 8 de mayo aseguró que la Personería de Cali había emitido un fallo de primera instancia contra Garrido, con inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos, debido a presuntas irregularidades halladas en una serie de contratos firmados por el ente gestor del MIO, cuando Garrido Otoya era su presidente.

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