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Jaime Torres, director de Juntos por la Transparencia | Foto: Foto: Especial para El País

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Los pendientes de Cali y Buenaventura para fortalecer la lucha contra la corrupción

Jaime Torres, director de Juntos por la Transparencia, explica las tareas que esta alianza busca realizar en Cali y Buenaventura.

7 de octubre de 2021 Por: Por Olga Lucía Criollo, editora de Poder

"La Alcaldía de Cali tiene unos protocolos para recepcionar denuncias de corrupción, vamos a trabajar con ella, porque es la institucionalidad existente, para que mejore esos protocolos y en el corto plazo haya respuestas de fondo a los ciudadanos que ponen esas denuncias”.

Así explica Jaime Torres, director de Juntos por la Transparencia, parte de la labor que vienen desarrollando en Cali, Buenaventura y otras 16 localidades colombianas.

¿Qué balance hace del primer año de funciones del ente a su cargo?
Este es el programa más grande de cooperación técnica que ha existido en Colombia directamente orientado a la transparencia y la lucha contra la corrupción. Somos cinco socios: Transparencia por Colombia, Universidad de los Andes, Foro Nacional por Colombia, La Silla Vacía y DAI, una firma de E.U. En este primer año se establecieron unas prioridades de trabajo con Usaid, que está haciendo una apuesta muy importante a través de este programa, que va a cinco años. Con la Universidad de Los Andes se hizo un diagnóstico de gobierno abierto en los 18 municipios donde vamos a trabajar ( 15 municipios Pdet y tres distritos: Cali, Buenaventura y Cartagena), que permitió evaluar las principales acciones que fortalecerían ese modelo en ellos en los próximos tres años, para que, con apoyo del programa, podamos ir a acciones concretas.

“Es importante que, como ciudadanía, utilizando los medios de comunicación, las redes sociales, las organizaciones de la sociedad civil, en lo que tiene que ver con Cali, también le pidamos cuentas a todas las entidades de control sobre adónde llegan todas las investigaciones que se han abierto”.

¿Qué se hará en Cali y Buenaventura?
Los incluimos porque son prioridad para Usaid, nos interesaban municipios que estuvieran en una coyuntura social, política y económica importante, en la cual la lucha contra la corrupción fuera fundamental para facilitar procesos de desarrollo local, y, que existiera voluntad de las administraciones municipales y así ha sido.

En Cali hay gran inconformidad por los sobrecostos en la feria virtual y alumbrado público, pero además una sensación de impotencia porque hay corrupción, pero no pasa nada con los implicados...
Ustedes como medios de comunicación pueden hacer denuncias, pero no son ente de control y eso nos pasa a nosotros como programa de asistencia técnica. Somos de carácter preventivo: no hacemos investigaciones ni vamos a coger casos particulares ni en Cali ni en Buenaventura, pero el énfasis del programa es generar condiciones para que la Administración sea más transparente y rinda cuentas, y para que la ciudadanía pueda incidir para que en el corto plazo se mejore la gobernabilidad en la ciudad.

En el caso que me pregunta, hay dos cosas que tienen que ayudar: La Alcaldía de Cali tiene unos protocolos para recepcionar denuncias de corrupción, vamos a trabajar con ella, porque es la institucionalidad existente, para que mejore esos protocolos y en el corto plazo haya respuestas de fondo a los ciudadanos que ponen esas denuncias. Son pasos concretos hacia tener un gobierno más transparente y abierto, más allá del actual. Lo segundo es protección concreta a los denunciantes. Las personas no denuncian porque temen por su estabilidad laboral, económica o emocional. Vamos a trabajar en mejorar los mecanismos de protección al denunciante al interior de la Administración, con mecanismos concretos de anonimicidad del denunciante, cambio en el área de trabajo para evitar retaliaciones y con prácticas de cambio cultural, donde la ciudadanía tenga claro qué debe hacer la Administración cuando recibe denuncias de corrupción y sepan cómo pueden acceder a la información, que va más allá de los derechos de petición, dónde pueden acudir para que la Administración les conteste las inquietudes, qué tipo de control se puede ejercer sobre ella y qué cambios pueden esperar.

Las empresas privadas deben entender el rol que tienen en la lucha contra la corrupción y en la promoción de la transparencia en relación con el Estado”.

A propósito, la rendición de cuentas se ha convertido en letra muerta, no llega a la ciudadanía…
Ese trabajo de mejorar cómo se hace la audiencia pública de rendición de cuentas ya lo empezamos en Buenaventura, donde acompañamos a la Administración, con la virtud de que los responsables de esa audiencia entiendan que es un proceso, un ejercicio permanente de diálogo entre la Administración y la ciudadanía. Eso quiere decir que, en Buenaventura, recibieron preguntas de la ciudadanía y la Administración tiene que responderlas e iniciar un diálogo con la ciudadanía.

Lo segundo es que la rendición de cuentas no debe ser una estrategia independiente en la Administración pública, está atada a la transparencia activa, al acceso a la información, pero no solo a través de las páginas web, y a lo que se llama en Colombia los planes anticorrupción y de atención al ciudadano. Entonces, las administraciones de Cali y Buenaventura tienen que publicarlos a más tardar el próximo 31 de enero, incluyendo qué actividades de rendición de cuentas van a hacer.

Incluso, vamos a trabajar con ellos en los mapas de riesgos contractuales y en el mejoramiento de los canales de acceso a la información, para que la ciudadanía le haga control a la Administración. Hay ejercicios de participación ciudadana que todas las entidades públicas en el país tienen que cumplir y vamos a acompañar para que en Cali y Buenaventura funcionen esos espacios reales de incidencia de la ciudadanía en las decisiones de las entidades.

En Cali vamos a crear una escuela de formación para mejorar la gestión de riesgos de corrupción en el proceso contractual de la Administración”.

Como experto en el tema, ¿qué análisis hace del caso de corrupción detectado en el contrato del Mintic y la firma Centros Poblados?
Ese caso, por la cantidad de información que le llegó a la ciudadanía, sirve para explicar varias cosas. Primero, hay que mirar cuáles fueron las decisiones que llevaron a un posible caso de corrupción, que está en investigación, pero lo segundo es qué pasó después de que se descubre y eso nos permite encontrar varios puntos en los cuales nuestro programa quiere ayudar a que el país tome decisiones y mejore. Primero, hay un proceso contractual que en Colombia está normado: se sabe quién tiene que tomar las decisiones, quién tenía que aprobar las pólizas en el ministerio, quién firmaba los documentos, quién validaba o aprobaba los mapas de riesgo de corrupción en la contratación en la entidad, quién validaba que ese contrato se estuviera cumpliendo. Hay una responsabilidad de quienes tomaron decisiones en el proceso contractual y una investigación judicial dirá si fue orientado a beneficiar a unos privados, pero lo que sí se puede saber hoy es que hay decisiones que se tomaron mal, porque sino el contrato no hubiera tenido que ser revocado.

Una de las cosas que inicia el escándalo es haber aprobado unas pólizas falsas y ese tipo de responsabilidades internas significan que hay que mejorar el cómo se hace la contratación pública, un aspecto a trabajar en los distritos y municipios Pdet en los que vamos a trabajar. Pero hay una parte que tiene que ver con la sanción, y por eso estamos trabajando a nivel nacional con la Fiscalía, la Procuraduría y la Controloría, porque también tiene que mejorar el rol de las entidades de control cuando ya hay una investigación, porque hay la sensación de que quienes cometen delitos como estos no son sancionados y eso es lo peor que puede pasar, porque uno puede tener todos los mecanismos de prevención y control, pero si no hay sanción efectiva, pues cualquier servidor público va a sentir que puede seguir haciendo eso.

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