Famoso vivero ubicado al sur de Cali fue incautado a la mafia: ¿cuál sería su nuevo uso?

En el sur de Cali, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) incautó un terreno a la mafia, el cual ha sido vinculado con el capo Darío Echeverry Monsalve. Aunque venía siendo usado como un vivero, la entidad demostró que se trataba de una propiedad adquirida con dineros ilícitos, que está avaluada en $4.078 millones.

Este se encuentra ubicado en el sector de Pance del sur de la capital vallecaucana, exactamente sobre la popular Avenida Cañasgordas, en plena zona con alto tráfico de vehículos, donde varios comerciantes tienen sus negocios de flores.

“Este inmueble se encontraba ocupado de manera irregular desde 2005. La medida de embargo fue inscrita ese mismo año y, posteriormente, en 2018 se profirió la sentencia de extinción de dominio que hoy permite su recuperación”, detalló la directora para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos de la SAE, Catalina Serrano.

¿Cuál sería su nuevo uso?

Tras la recuperación de la propiedad, esta será entregada al Colectivo Justicia Racial, un colectivo sin ánimo de lucro que se dedica a la defensa de los derechos humanos en el país, el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la lucha contra el racismo.

Es de mencionar que esta organización lleva a cabo sus labores en distintas regiones del territorio colombiano, haciendo alianza con universidades, comunidades y organizaciones sociales, para ayudar a víctimas de crímenes de Estado.

En ese sentido, el Colectivo Justicia Racial usará este antiguo vivero con el objetivo de crear un museo de memoria histórica enfocado en la documentación de impactos sociales y jurídicos de las políticas de drogas alrededor de varias comunidades en Colombia.

Según lo afirmado por la SAE, el lugar será convertido en un lugar de investigación, reflexión y pedagogía sobre dichas afectaciones en las comunidades. Al mismo tiempo, habrá un espacio para darles una voz a las víctimas afectadas por el narcotráfico e incentivar a la ciudadanía a que promuevan el debate público.

“Este espacio se proyecta como un lugar para documentar las afectaciones que han tenido las políticas de drogas en muchas comunidades del país, un tema que históricamente ha estado poco investigado”, señaló Camila Mosquera, la representante legal del Colectivo Justicia Racial.

Así las cosas, todo indica que el nuevo uso de este terreno se alinea con los objetivos del Gobierno Nacional de enfocarse en las víctimas de Estado y convertir bienes provenientes de economías ilícitas en servicio para el bien común de la ciudadanía.