Denuncian que 'ejército' de contratistas se tomó el municipio de Cali

Se estima que por cada empleado de nómina hay un contratista. En este momento hay secretarías con problemas para operar.

Precaria y desorganizada. Esas son las palabras que el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, eligió para describir lo que sucede con la estructura organizacional al interior del Centro Administrativo Municipal, CAM, y sus entidades descentralizadas. Y no es para menos. El elevado número de contratistas que llenaba sus instalaciones ya no está, haciendo evidente una soledad que confirma el cáncer contra el que tendrá que luchar la nueva administración. El panorama es preocupante. Por lo menos así lo muestran las cifras. En un informe sobre evaluación a la contratación de la Administración Municipal realizado por la Contraloría de Cali se determinó que, durante el primer semestre del 2011, el 79% de toda la contratación se hizo a través de órdenes de prestación de servicios, también llamados OPS, es decir, aquellas personas que cumplen labores administrativas y operativas sin estar vinculadas directamente a la nómina de la Alcaldía. En dicho período, y de acuerdo con la información que ya está en manos de la Auditoría General de la República, durante los primeros seis meses del año pasado se firmaron 5.723 contratos OPS por un valor aproximado a los $222.000 millones. Según los cálculos, el 96% de dichos contratos fueron entregados a través de contratación directa, es decir “a dedo”.En materia de proporciones, la nueva administración ya empezó a sacar sus estadísticas. Alfonso Otoya, director de Desarrollo Administrativo del Municipio, estima que por cada empleado de nómina, que en total son 1.976 personas, hay uno contratado por prestación de servicios. Este tipo de contratos le generan gastos al Municipio entre $2.000 millones y $3.000 millones mensuales.Y las grandes consecuencias del abuso de la figura de las OPS son: pérdida de memoria institucional, desigualdades entre empleados de planta y contratistas, menor eficiencia y burocracia. Esta última, culpable de las llamadas nóminas paralelas, que aún no aparecen en el lenguaje del Gobierno entrante, pero de las que ya se tienen algunos indicios. “Es que el contratista llega a tener, incluso, más oportunidad de ejercer tareas operativas y administrativas mucho más importantes que un trabajador de planta”, explicó Alfonso Otoya.Para el abogado Víctor Hugo Vallejo, el más claro ejemplo de ello fueron los guardas cívicos, “que la verdad nunca sirvieron para nada, porque escudados en la falta de personal se permitieron usos, abusos y malgastos”, al referirse a la oportunidad de los OPS para pagar favores políticos.Otra de las áreas donde la alta contratación de prestadores de servicios causa suspicacia es la Subdirección de Bienes Inmuebles, donde casi todo el personal que maneja la información es contratista, por lo que los datos entran y salen del edificio del CAM, lo cual da pie a un ‘cártel’ de negociación ilegal de predios del Municipio. Esto es materia de investigación, según la nueva administración, que hasta el momento no establece denuncias formales.Aún no se sabe por qué el servicio de aseo contratado para el CAM se hacía con una empresa cuya razón jurídica no tenía nada que ver con servicios de limpieza. Tampoco, por qué el rubro de inversión en el Fondo Especial de Vivienda es tan elevado con una nómina que puede contarse con los dedos. Por estas y muchas más razones, a la actual Alcaldía le suena la idea de plantear pronto una reforma administrativa.Viejo problema La ineficiencia operativa y administrativa del Municipio viene de tiempo atrás. La proliferación de los contratos por prestación de servicios comenzó en el año 2001, cuando durante la administración de Jhon Maro Rodríguez se aplicó una reforma administrativa, debido al déficit fiscal que afrontaba el Municipio. En ese entonces, el espíritu de la reforma era congelar la nómina existente, como parte del compromiso asumido con los bancos para superar la crisis, al cumplir también la Ley 617 del 2000, de control fiscal a los entes territoriales.Esto hizo que la nómina de algunas dependencias perdieran su personal de planta y se entregara las funciones operativas y de control a contratistas. Según Carlos Holguín, secretario de Gobierno, en su dependencia sólo hay 50 funcionarios de planta para vigilar el espacio público, controlar establecimientos públicos, cumplir labores de seguridad y convivencia, entre otras. De ahí que el resultado en los controles no ha sido el más efectivo.La Secretaría de Infraestructura y Valorización tiene toda la atención de Megaobras a través de OPS. “Desde la próxima semana tendremos problema porque comenzarán a llegar las facturas y si no se contrata tendré que bajar yo al punto de atención”, explicó Miguel Meléndez, secretario de infraestructura.Así las cosas, es claro que en la agenda de Gobierno poner la casa en orden tendrá que estar entre las prioridades.El Dagma está desmanteladoLa autoridad ambiental de Cali, conocida como el Dagma, sólo tiene un director y dos auxiliares de planta nombrados. La nueva directora del Dagma, Beatriz Orozco, reveló que en la vigencia de 2011 se suscribieron 215 contratos OPS, en lo que se gastaban cerca de $6.000 millones. Es decir, que por cada funcionario de planta hay 11 contratistas. Aunque se encontró a 19 personas con nombramientos para el Dagma “esto es absolutamente insuficiente para cumplir con las tareas que corresponden”, dijo Orozco, quien señaló que pese a que la pasada administración dejó planteada, a través de decreto, la nueva conformación del organigrama para la entidad, no se incluyó la creación de los nombramientos para ellos. Se estima que con cien funcionarios de planta podrían cumplirse labores tan simples como responder las quejas de la comunidad a tiempo y hacer labores de control ambiental.