"Debe renunciar": diferentes sectores piden suspender a Ospina por nuevos escándalos de contratación

Tras conocer que los entes de control nacional (Procuraduría y Contraloría) tienen en la mira al alcalde Jorge Iván Ospina, desde distintos sectores se ha pedido que se retire del cargo al mandatario de la ciudad o en su defecto que sea suspendido mientras se esclarece su situación ante los entes de control.

Una de las primeras personas que hizo la petición fue la excongresista Catalina Ortiz, quien argumentó que, para garantizar la transparencia en las investigaciones, se debe apartar del cargo al Alcalde mientras estas se adelantan.

“Para proteger las finanzas de Cali y la democracia hay que remover a Jorge Iván Ospina de su cargo, así sea de manera temporal. Por eso se lo estamos diciendo a la Procuraduría y a la Fiscalía, con base en las decisiones que ha tomado la Contraloría, que hay suficientes méritos para proteger el agua, la seguridad y todos los temas que están metidos dentro de esa contratación amañada”, dijo Ortiz.

Se debe recordar que Catalina Ortiz se refiere a la investigación que adelanta la Contraloría General de la República y que fue revelada por El País y SEMANA, en la que debido a los hallazgos se le embargaron al Mandatario cinco cuentas bancarias, siete bienes inmuebles, varios garajes y un apartamento.

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“También hay que tener en cuenta que estamos en un año electoral, por tanto un alcalde que pueda manejar recursos va a poder amañar las elecciones, por eso le pedimos a las autoridades que actúen y que se proceda a la destitución o a la suspensión de Ospina ”, agregó Ortiz.

Al respecto, el concejal Juan Martín Bravo reiteró que los entes de control deben actuar rápidamente para demostrar si hay o no responsabilidad de Jorge Iván Ospina en los casos que están siendo investigados.

“Lo ideal es que Ospina se ponga a disposición de las autoridades y, en lo posible, que renuncie. El sentir de la ciudadanía es que quiere castigos y menos corrupción”, comentó Bravo.

El cabildante añadió que, aunque el Mandatario debe responder, le “preocupan las dudas frente a las personas con las que Ospina ha contratado las obras y los retrasos que tienen, ojalá estos contratistas no dejen las obras tiradas y vengan procesos para liquidar esos contratos”, opinó Bravo.

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A su turno, el concejal Roberto Ortiz comentó que las investigaciones que le han hecho hasta el momento al alcalde Ospina son suficientes para que las autoridades actúen. “Aquí el único ente que lo podría sancionar sería la Procuraduría, destituirlo sería por una orden judicial y hay bastantes méritos e investigaciones; él se podría evitar eso renunciando, pero sabemos que no lo va a hacer por su soberbia”, dijo Roberto Ortiz.

Además, el cabildante opinó que gran parte de los desaciertos del Alcalde son por no escuchar las advertencias de las personas. “Quiero recordar el primer caso en 2020 cuando denuncié que había irregularidades en la Secretaría de Educación y Ospina lo negó, 10 días después, el secretario de entonces renunció diciendo que eso era un nido de ratones”, aseveró.

Diana Rojas, exconcejal de Cali, recordó que desde 2020 ha denunciado los hechos por los que los entes de control hoy investigan a Ospina.
“Vamos a ver si a los organismos de control Ospina también les dice mentirosos. Confío en que pronto habrá decisiones contundentes en favor de Cali”, expresó Rojas.

Otro caso que tiene al alcalde bajo la lupa de otro ente de control (la Procuraduría General de la Nación) es la presunta entrega de contratos por alrededor de $ 63.000 millones a Christian Moreno, quien sería su pariente.

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Asimismo, el conjuez del Consejo de Estado Jesús Marino Ospina explicó que “lo que quedaría es la separación del cargo, que es una facultad de la Contraloría, acudiendo al principio constitucional ‘Verdad Sabida y Buena Fe Guardada’, pero lo que vimos es que ellos tomaron medidas cautelares y no se han ido por esta opción”, precisó.

El experto manifestó que es imposible que por este caso exista una destitución del alcalde Ospina. “El Congreso de Colombia dio un alcance a la ley 1952 a través de la ley 2094 que le otorgó potestades a la Procuraduría para decisiones de destitución frente a los servidores públicos, pero, la Corte Constitucional declaró inexequible ese apartado. Estamos en un limbo porque no sabemos las condiciones con las que se tomó esa decisión”, declaró.

Ante esto, María del Pilar Cano, directora de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Cali, dijo que “los términos de una indagación previa son seis meses, y la suspensión provisional del servidor público sólo se produce cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo pone en riesgo la investigación, o que el funcionario reincida en la falta, circunstancias que no se configuran en el presente asunto”.