Consejo de Estado negó demanda de vendedores ambulantes del centro de Cali; reacciones desde el sector informal

El País conoció que el Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la Asociación de Vendedores Ambulantes, Asovaes, la cual buscaba anular la acción popular fallada a favor del exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, mediante la cual se ordenó la recuperación del espacio público en el centro de la ciudad.

La decisión judicial, proferida el 11 de agosto de 2025, ratifica que la acción de tutela no puede ser utilizada para reabrir debates ya resueltos en instancias judiciales ordinarias.

El exconsejal de Cali aseguró a El País que “radiqué una acción popular después de establecer valores de diálogo con la comunidad y donde la queja es que era que es imposible caminar por el centro de Cali”, dijo Juan Martín Bravo.

Tras el fallo del Consejo de Estado se mantiene en firme la sentencia que protege el derecho colectivo al uso y disfrute del espacio público en el centro de Cali, específicamente en la carrera 5 con calle 14 y la carrera 10 con calle 14.

Dicho proceso, según el fallo, debe ir acompañado de la implementación de una política pública para vendedores ambulantes, que contemple la caracterización de esta población, la socialización de medidas y la adopción de alternativas económicas y de reubicación.

Recuperación del espacio público

“Yo cuando era concejal demandé al mismo Concejo porque nosotros deberíamos haber generado una política pública de vendedores ambulantes. Hoy no hay ni caracterización de los vendedores ambulantes, realmente no se sabe cuál es el censo real”, aseguró Juan Bravo a este medio de comunicación.

Se debe tener en cuenta que es indispensable garantizar los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y a la dignidad humana, según indicó el Consejo de Estado, por lo que los derechos de los vendedores deben ser respetados.

Sin embargo, Jimmy Núñez, que hace parte del Sindicato de Vendedores Ambulantes y Estacionarios de Cali, aseguró a El País que desde Asovaes se presentó una acción de nulidad contra la sentencia porque según ellos acción popular impulsada por el exconcejal Bravo desconoció el debido proceso.

“Creemos que esa sentencia no cabe, porque hay una política pública, una Ley 1988 y porque quienes dejaron de construir y organizar el centro fue la misma Alcaldía hace más de 10 años atrás, o sea, no es culpa del sector informal”, aseguró Núñez.

El miembro del sindicato afirmó que la reubicación de los vendedores no se ha hecho efectiva, que ya según él no hay un espacio dispuesto. Además, muchos de los ciudadanos que ejercen la venta ambulante llevan décadas en el sector.

Según las asociaciones de vendedores informales, el exconcejal Bravo tiene intereses particulares en el tema, pues aseguran que cuenta con locales comerciales en el sector, lo que él desmintió.

“Los vendedores ambulantes han dicho que yo tengo negocios en el centro, yo no tengo nada de eso, mis papás son médicos, pero yo vivo la problemática del centro, pero es un ejercicio que busca la recuperación del espacio público del centro”, dijo Bravo.

Una situación con múltiples problemáticas

Jimmy Núñez añadió que no solo los vendedores informales ocupan irregularmente el espacio público, pues los empresarios también lo hacen.

“Tiene que quedar muy claro que hoy la calle 14 está invadida por una cantidad de materas, vallas, pasacalles y barandas que colocan en las calles los empresarios y eso está llenísimo. Yo creo que un 20 % está lleno de vallas, conos, cuerdas y varillas puestas por los empresarios y eso está prohibido”.

Además, insistió que carros y motos mal parqueados también hacen parte del paisaje, muchos de estos “de los mismos empresarios o motos y carros de gente que va allí a comprar, aunque hay muchos parqueaderos”.

Por lo anterior, Jimmy Núñez aseguró que estos comportamientos también deben estar bajo la lupa de las autoridades.

“Le hemos propuesto a la Alcaldía hacer un censo de cuántos vendedores hay, poderlos organizar y si se ajusta toda la ocupación del espacio público (también de los empresarios) que suma casi un 40 o 50 %, los vendedores se pueden quedar ahí en el mismo sector organizado y va a quedar totalmente despejado el área de los andenes y de la parte vehicular”, agregó Núñez.

Por momento se conoce que el fallo del Consejo de Estado se reafirmó la vigencia de la acción popular promovida por el exconcejal Bravo y la obligación de las autoridades locales de avanzar en la recuperación del centro de Cali, pero garantizando la protección de los derechos de los vendedores informales.