Concejal Juan Martín Bravo denuncia que inspectores de Policía hacen cobros extorsivos en establecimientos de Cali; estas son sus pruebas

Dos meses después de la denuncia del concejal Juan Martín Bravo sobre presuntas extorsiones por parte de funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, otra denuncia sale a luz. Esta vez, el concejal ha hecho público un audio que involucraría al inspector de Policía Pedro Cuenú Salazar, de la comuna 3, en un posible caso de corrupción.

La grabación en propiedad del concejal Bravo, que supera la hora de duración, expondría una conversación comprometedora entre el inspector y un individuo que, al parecer, le entrega dinero con la aparente intención de evitar el cierre de su establecimiento comercial.

En uno de los apartes más controvertidos del audio, se escucharía al inspector de Policía decir: “En esta vida todo se maneja y le voy a decir algo que suena vulgar, pero el único que trabaja pelado es el chim**”; más adelante, el inspector afirma que “por plata baila el perro”.

Este audio sería solo la punta del iceberg, ya que el concejal Bravo, asegura, ha recibido múltiples denuncias sobre inspectores de Policía que coaccionan a los dueños de negocios, exigiendo documentación y dádivas bajo amenaza de multas o cierres definitivos.

“Hemos recibido múltiples denuncias sobre inspectores de Policía que llegan a los comercios a coaccionar a sus propietarios solicitando, por ejemplo, documentación por fuera de su competencia, como licencias de construcción; en algunos casos, piden dádivas a cambio de no cerrar el establecimiento y mantenerlo ‘a salvo’ de las autoridades. Quienes se niegan a esta petición, son sancionados con multas o cierres definitivos”, afirma el concejal Bravo.

Según el cabildante, el audio que tiene es el material probatorio de la denuncia, pues “la persona que habla con el inspector le dice ‘ahí le dijo para la gaseosa’, entre otras expresiones que indican que presuntamente accedió al soborno y que no solo comprometerían a quien lo recibe, sino a otros funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia”.

Ante esto, el concejal Bravo instó a las autoridades pertinentes, incluyendo la Fiscalía, la Procuraduría y la Personería de Cali, a llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre estos presuntos actos de corrupción. “Ningún inspector de policía puede pedir dádivas a cambio de no cerrar un establecimiento. Si lo hace, incurre en los delitos de concusión y cohecho, contemplados en los artículos 404 y 405 del Código Penal. Los ciudadanos afectados deben denunciar estas acciones”, indicó.

Además de las preocupantes implicaciones del inspector de Policía, el audio también sugiere, según Bravo, que algunos funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia podrían estar recibiendo sobornos por imponer trámites innecesarios que obstaculizan el funcionamiento de los negocios bajo las garantías que establece la ley.

Aunque Bravo no ha confirmado o negado amenazas en su contra por esta denuncia, fue contundente en decir: “Dejo constancia ante la opinión pública y ante las autoridades que responsabilizo al inspector de Policía, presuntamente implicado en estos hechos, de cualquier situación que atente contra mi vida o de personas cercanas a mí, a raíz de esta grave denuncia”.

Respuesta a las denuncias del concejal

Frente a la polémica denuncia, César Augusto Lemos, subsecretario de Acceso a los Servicios de Justicia de Cali, respondió y aseguró que “he escuchado parcialmente las denuncias del concejal Bravo. Estamos compilando toda la información para efectos de proceder ante los competentes. Seguramente, si efectivamente se consuma un denuncio, este tendrá implicaciones de carácter penal y disciplinario”.

Y agregó: “Esa denuncia, específicamente, la conozco de manera fragmentaria, ni siquiera por los medios, sino por un compañero de trabajo que me lo comenta y me envía un audio que, precisamente, graba el concejal. No conocemos de una denuncia formalmente radicada por el concejal contra este funcionario”.