Autoridades tienen la mira en Cali y el Valle

Órganos de control han hallado diversas irregularidades en las principales obras que se construyen en la región.

Son tantos y tan delicados los hechos que se investigan en Cali y el Valle del Cauca por presuntos delitos contra la administración pública, que por cualquier lado puede estallar ese gran escándalo de corrupción que anunció el pasado domingo el presidente Juan Manuel Santos en entrevista con El País.Varios de esos procesos, a los cuales tuvo acceso este diario, detallan cómo en el actual Gobierno caleño y en la anterior administración del Valle (la de Juan Carlos Abadía) se ha puesto en riesgo cerca de un billón de pesos por cuenta del despilfarro, la subcontratación y el abuso con los dineros públicos.Según el politólogo Óscar Duque “lo que ocurre en la ciudad y el departamento es consecuencia de las elecciones del 2007, cuando se aliaron Jorge Iván Ospina y Juan Carlos Abadía y hubo un gran foco de corrupción comprando votos para Alcaldía y Gobernación, y eso tenía que traducirse en corrupción”.Por su parte el zar Anticorrupción, Francisco Prado, aseguró que fue muy claro el mensaje que envió el presidente Santos sobre los actos de corrupción en el Valle y de los cuales pronto la sociedad tendrá conocimiento, aunque evitó entrar detalles.“Son hecho concretos que involucran a funcionarios que tienen mucho que explicar”, dijo Prado, y agregó que es evidente la forma como la corrupción se ha desbordado. “Uno se sorprende de ver diferentes actuaciones que se han adelantado en el Valle; aunque es una situación que se da en otras regiones”.Con la lupa puestaDe acuerdo con los analistas, hay que abonarle al gobierno del presidente Santos que haya permitido a los órganos de control cobrar su protagonismo como se ve en el actuar del Procurador y la Fiscal.Esa gestión ha permitido ver el incremento en los casos de presunta corrupción en el Valle durante la administración Abadía, quien enfrenta decenas de investigaciones fiscales, disciplinarias y penales por delitos contra la administración pública.Lo propio ocurre en el gobierno del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, donde en los últimos meses se han denunciado varias irregularidades en la contratación y los sobrecostos de algunas obras.Los casos más delicados, sobre los que trabajan Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, tienen que ver con las obras del estadio Pascual Guerrero, que sin razón clara se contrataron con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, que a su vez cobró el 4% por subcontratarlas. Es decir, el Fondo debió aportar $1.500 millones a las obras y por administrarlas se ganó más de $2.000 millones.Este fenómeno de la corrupción, según Javier Fernández, procurador regional, “obedece en gran medida al debilitamiento de la ética pública y a la crisis de valores que padece esta sociedad”. Lo absurdo, dicen los analistas, es ver como la ley, que busca cerrarle el paso a la corrupción, va creando a su vez los atajos para ir esquivando las normas.Ejemplo de ello son los cuestionados convenios interadministrativos, a través de los cuales se evade la Ley 80, la que obliga a licitar las obras y a que los contratistas cumplan con una serie de requisitos y garantías.AcuavalleMuchas inconsistencias se han encontrado en las cuentas de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillado del Valle, Acuavalle.Sobre todo las que tiene que ver con el convenio firmado entre la empresa y la Gobernación para las obras del Plan Departamental de Aguas, PDA, donde la auditoría de la Secretaría de Planeación del Valle detectó varias irregularidades.Entre ellas que ya se han desembolsado más de $14.000 millones y aún no se tiene ni la primera obra aprobada por el Ministerio, de las 12 a las que se les dio prioridad, y que los recursos se han utilizado, dice la auditoría, para tiquetes aéreos a Bogotá, gastos en publicidad y pagos de seguridad social.Convenios EmruEn revisión de la Personería de Cali hay 34 convenios interadministrativos que la Alcaldía firmó con la Empresa Municipal de Renovación Urbana, Emru, por más de $81.000 millones porque varios no tienen nada que ver con las labores que realiza la Emru.Por eso son investigados varios secretarios que comprometieron miles de millones para que la Emru, en el marco de las Megaobras que se harán por $822.000 millones, realicen, entre otras, pintura de puentes o corte pasto. Entre los convenios hay 11 de la Secretaría de Infraestructura por $10.500 millones; 7 de Planeación por $10.900 millones, y 5 con la de Educación por $35.000 millones.Vigencias FuturasLa Fiscalía General de la Nación ya inició el proceso penal para determinar lo que habría detrás de la aprobación que hizo la Asamblea del Valle del Cauca a las vigencias futuras extraordinarias por $650.000 millones al destituido gobernador Juan Carlos Abadía Campo, quien ya rindió versión ante la Fiacalía. Al respecto se han encontrado una serie de anomalías, sobre todo en la manera como fueran aprobadas las vigencias en sus tres debates, y sin que se conocieran siquiera los proyectos sobre los cuales se invertiría.Precisamente este lunes comenzarán las indagatorias por parte de la Fiscalía a 21 diputados del Valle que aprobaron la ordenanza de las vigencias.Feria de CaliSegún una auditoría, en la pasada edición de la Feria se hizo fiesta con los recursos públicos de los caleños.La auditoría al evento, que les costó a los caleños $9.640 millones, arrojó que hubo improvisación, falta de planeación y favorecimiento a terceros.Uno de los hallazgos dice que se subarrendaron 5.900 puestos por $126 millones permitiendo que el arrendatario comercializara boletas, pese a que la feria era gratuita.Las obras del Pascual GuerreroVarias irregularidades hallaron los organismos de control en las obras de adecuación del estadio Pascual Guerrero a los estándares exigidos por la Fifa para el Mundial Sub 20, sobre todo por los sobrecostos en la compra de la pantalla y la silletería.Sólo en la pantalla del estadio, según la Contraloría de Cali, hubo un enorme detrimento patrimonial porque la ciudad debió pagar cerca de $1.400 millones cuando el costo real, con nacionalización e impuestos, apenas supera los $37 millones.Lo propio ocurrió en la adquisición de la silletería, por la que se pagó $2.343 millones en Cali, y la misma cantidad en Pereira costó $844 millones menos.Por estas faltas empezarán a responder el secretario de Hacienda, Juan Carlos Botero, y el de Deportes, Diego Campo, a quienes la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial de la Personería les abrió investigación disciplinaria.Además se determinó que Hacienda no hizo los controles debidos y permitió que los terceros pagaran menos impuestos de lo que debían cancelar y lo hicieran de manera extemporánea, sólo cuando estalló el escándalo.Estación CalimaTampoco hay claridad en el contrato para la construcción de la Terminal de Cabecera Calima, en la Carrera 1 con 70, adjudicada a la firma Hafira Ve Hatziva Ltda. por $22.751 millones.Dice una auditoría que la firma israelí no tiene trayectoria en Colombia y cuestiona que la obra se parara durante 17 meses a la espera de que un banco la respaldara financieramente.Alertan, además, que al contrato se le han hecho varias prórrogas, se le siguen anexando recursos y aún así no despega. También llamó la atención de los investigadores que la interventoría por $603 millones ya va en $1.007 millones y que el lote donde se haría la estación no es apto para la obra.