Alejandro Eder responde a la advertencia del presidente Petro a los alcaldes: “No es un dictador”

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció tras la amenaza del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que podría revocar a los alcaldes de los municipios en donde se han presentado afectaciones al orden público por el cobro del impuesto predial.

“No me parece ni correcto ni prudente hacer reclamos tajantes de la manera en que lo hace el Presidente. Es importante que recuerde que vivimos en una democracia, es un presidente electo democráticamente, no es un dictador de una república bananera”, aseguró el mandatario de la capital vallecaucana en la mañana de este martes, 14 de abril.

Y añadió: “El presidente Petro es el Presidente de la República, no es un activista, y él muy bien sabe que hay leyes que regulan cómo se debe cobrar los impuestos. Evidentemente cada alcaldía debe revisar que si hay ajustes, estén acordes a la ley”.

El pronunciamiento del Mandatario caleño se da luego de que el Jefe de Estado amenazara a los alcaldes de los municipios donde hay afectaciones del orden público por el cobro del impuesto predial, advirtiendo que si no presentan un acuerdo municipal para cambiar el cobro, los sacaría del cargo.

“Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía. El gobernador de Santander queda advertido, su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación, reúna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales de Santander”, indicó el jefe del Estado en un largo mensaje en la red de X.

Planteó además que “la situación del impuesto lo determinan los alcaldes y concejos municipales, ellos ponen la tasa. Lo único que tienen que hacer es que en un nuevo acuerdo bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la población pobre y trabajadora, no se necesita más y se hace en 15 días. El gobierno nacional no va a permitir que le quiten y le suban la comida de sus hogares”.

Sobre esos comentarios también se pronunció la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que señaló que en una democracia constitucional ningún mandatario territorial puede ser objeto de amenazas políticas ni de expresiones que insinúen su remoción por fuera de los mecanismos institucionales.

Además, recordó que la jurisprudencia constitucional colombiana, en armonía con los estándares interamericanos de derechos humanos, exige intervención judicial para imponer sanciones de destitución, suspensión o inhabilidad a funcionarios elegidos por voto popular.