El abogado Herney Rojas manifestó que los contratos que el actual gobernador del Valle, Francisco José Lourido, firmó como gerente de la SAG no causan incompatibilidad con su cargo como mandatario.

Una nueva controversia jurídica se desató ayer en el Departamento ante la supuesta inhabilidad que tendría Francisco José Lourido para haber ejercido la Gobernación del Valle del Cauca.La supuesta incompatibilidad para el cargo se originaría en los contratos y convenios que habría firmado el gobernador Lourido con la CVC y la Industria de Licores, durante el último año, mientras se desempeñaba como presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle, SAG.En ese sentido se pronunció ayer el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien dijo a la FM Radio que en criterio de su despacho, el Mandatario vallecaucano estaría inhabilitado por haber contratado con el Departamento un año antes de su posesión.“Hemos advertido que el Gobernador designado suscribió contratos en el último año con la Gobernación, de manera que en mi criterio, eso genera una causal de inhabilidad que va a conducir a la destitución del funcionario”. No obstante la decisión final sobre el futuro de Lourido no la tomará Vargas Lleras sino el presidente Juan Manuel Santos, con base en los conceptos que emita la oficina jurídica del Palacio de Nariño."No existió lucro"Por su parte, el asesor jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca, el abogado Herney Rojas, le salió al paso a las declaraciones del ministro Vargas Lleras y aseguró que Lourido no tiene causal alguna de inhabilidad que le impida estar en el cargo hasta el mes de diciembre del 2011, fecha en la que termina el actual mandato.Según el asesor jurídico de la Gobernación del Valle, el ministro Vargas Lleras olvidó “involuntariamente” decir, cuando se refirió al tema, que no todo contrato genera inhabilidad."La Ley 617 del 2000, Artículo 30, es muy clara en señalar que son aquellos contratos que se suscriben en provecho propio o de terceras personas los que llevan a al inhabilidad. Eso para evitar que en unas elecciones se pongan por delante o se beneficien mucho más qquienes suscriben esos contratos", señaló Rojas."Si miramos aquí, en primer lugar, no se han violado la transparencia ni la moral administrativa porque los contratos que se firmaron fueron a nombre de la SAG, que es una sociedad sin ánimo de lucro, que no genera provecho para personas determinadas, sino para toda la sociedad de todos los agricultores y ganaderos del Valle. Sus actividades son para mejorar la agricultura, la reconversión agrícola y la ganadería. Todos son proyectos del Ministerio de Agricultura y el doctor Lourido tenía unas autoridades, una Asamblea General y una Junta Directiva, de manera que él obedecía órdenes y cumplía mandatos legales como representante de la SAG", explicó el Jurídico de la Gobernación. A renglón seguido, Rojas explicó que: "La 80 de 1993, en el estatuto contractual, en el Artículo 10, dice que quien firme un contrato con una entidad pública, en cumplimiento de una obligación legal, no tiene ilegalidades ni impedimentos".Aseguró Rojas que existe jurisprudencia del Consejo de Estado sobre estos temas, en la que ha dicho que para que se dé la inhabilidad debe haber lucro ¿Y qué lucro puede haber para el presidente de una asociación que es de todos los vallevcaucanos, de un contrato que es de una sociedad sin ánimo de lucro y que no reparte utilidades?, se preguntó el abogado, al asegurar que esta es una discusión totalmente fuera de toda racionalidad y lo que se trata es de enrarecer el ambiente para el actual Gobernador del Valle.Entre tanto, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció que su despacho se encuentra analizando el caso del gobernador Francisco Lourido para determinar si procede o no una investigación disciplinaria.Sin embargo, anoche fuentes cercanas al Gobierno aseguraron, que de estar inhabilitado Lourido, éste sería reemplazado por otra persona, pero ésta no sería de la terna del PIN y tampoco se convocaría a elecciones, pero la decisión no se ha tomado “porque el presidente Santos aún no revisa el caso”.Existe jurisprudenciaEl Asesor Jurídico de la Gobernación aseguró que existe jurisprudencia del Consejo de Estado sobre estos temas, en la que ha dicho que para que se dé la inhabilidad debe haber lucro.Por tal motivo, el abogado Rojas señaló que: “Esta es una discusión totalmente fuera de toda racionalidad y lo que se trata es de enrarecer el ambiente para el actual Gobernador del Valle del Cauca.