El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura admitió oficialmente una acción popular interpuesta por los ciudadanos Juan Martín Bravo Castaño y Juan Pablo Rojas Suárez, con la que se busca la protección de derechos colectivos relacionados con el acceso efectivo al agua potable, el ambiente sano y la calidad de vida de la población del Distrito.
Con esta decisión, el despacho judicial determinó que la demanda cumple con los requisitos legales exigidos y dio apertura formal al proceso contra el Distrito de Buenaventura y la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura (SAAAB).
A partir de ahora, ambas entidades deberán responder ante la justicia por la situación estructural que enfrenta el sistema de agua potable y saneamiento básico en el municipio.
La acción popular tiene como propósito central que Buenaventura cuente con un sistema de acueducto especial, integral y funcional, capaz de responder a las necesidades reales de la población y de garantizar continuidad y calidad en la prestación del servicio. De acuerdo con lo expuesto en la demanda, el proyecto de un acueducto moderno para el Distrito ha sido planeado oficialmente desde el año 2014, sin que hasta el momento se haya concretado una solución estructural.
Estimaciones técnicas incluidas en el proceso señalan que el costo total del sistema de acueducto podría superar los 450 mil millones de pesos, al contemplar no solo la construcción de redes, sino también plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento y obras complementarias necesarias para asegurar un suministro adecuado y permanente.
Juan Martín Bravo Castaño explicó que la acción busca que se cumplan compromisos adquiridos desde hace años con la población de Buenaventura, donde miles de personas continúan esperando un sistema de acueducto digno y continuo. Señaló que no se trata de solicitudes discrecionales, sino de la exigencia de derechos fundamentales que han sido postergados durante décadas.
El accionante también recordó que la crisis del agua en Buenaventura no es un fenómeno recient, según lo documentado, existen registros de más de 80 años que dan cuenta del problema, así como informes institucionales, alertas sanitarias y decisiones judiciales que han advertido sobre las afectaciones a la salud pública, el ambiente y la calidad de vida de los habitantes.
En ese contexto, Bravo Castaño subrayó que, pese a la importancia estratégica y económica de Buenaventura para el país, gran parte de su población sigue sin acceso continuo al agua potable, aun cuando por este territorio se moviliza una porción significativa del comercio exterior colombiano.
La acción popular también expone que al menos tres gobiernos nacionales anunciaron públicamente la construcción del acueducto, comprometiendo recursos y presentando planes que nunca se materializaron de forma integral. Tras múltiples anuncios y cambios de administración, el problema persiste sin una solución definitiva.
La admisión de esta acción representa un paso clave para que, a través de la vía judicial, se ordenen medidas concretas, planes obligatorios y cronogramas verificables que permitan garantizar, de manera efectiva, el derecho al agua potable para toda la población de Buenaventura.