La Gobernación del Valle del Cauca y representantes de comunidades campesinas, indígenas y afro del departamento enviaron una carta al presidente Gustavo Petro solicitando la instalación de una mesa de concertación que permita revisar y ajustar los procesos de entrega de tierras contemplados en la Reforma Agraria.
Las organizaciones advierten impactos y conflictos territoriales derivados de adjudicaciones a poblaciones de otras regiones sin diálogo previo con las comunidades locales.
En la comunicación, respaldada por la administración departamental, las comunidades reclaman que se priorice a la población vallecaucana.
“Aquí hay mucha gente, campesinos, indígenas, cabildos indígenas y consejos comunitarios que están requiriendo tierra, pero que han preferido dársela a los indígenas del Cauca y lo que yo he venido sosteniendo es que nos den la tierra a la gente del Valle del Cauca que la está requiriendo y la está necesitando”, afirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro durante un encuentro con campesinos de municipios como Bugalagrande, Tuluá, Zarzal, El Cerrito, Ginebra, Dagua y Buenaventura.
La mandataria explicó que la carta expresa el respaldo de la Gobernación al sector rural e incluye la petición de una reunión conjunta con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El objetivo, según dijo, es buscar soluciones que eviten tensiones y riesgos de seguridad asociados a la ocupación y entrega de predios. También reiteró que el departamento está dispuesto a apoyar proyectos productivos en las tierras que sean adjudicadas.
María Camila Mantilla, secretaria de Paz del Valle, señaló que el llamado al Gobierno nacional busca garantizar respuestas oportunas a las solicitudes de comunidades campesinas, indígenas y negras del departamento. Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer legalmente a las organizaciones rurales y avanzar en un trabajo articulado entre instituciones locales, departamentales y nacionales con una visión estratégica común.
Las comunidades agradecieron el acompañamiento institucional y alertaron sobre los efectos de las adjudicaciones actuales.
“Nos estamos viendo rotundamente afectados por los programas del Estado, que es la entrega de tierras a campesinos de otros departamentos. No es justo que a nuestros campesinos, a nuestras asociaciones no nos tengan en cuenta. No nos han entregado una cuarta de tierra y a los campesinos indígenas de otros departamentos les están entregando las tierras de nuestro territorio”, expresó Walter Suárez, campesino de Tuluá, quien pidió a la ANT y a la SAE priorizar a la población del territorio. “Hacemos un llamado tanto a la Agencia Nacional de Tierras como a la SAE para que, por favor, cuenten con nosotros, las personas que son de los territorios, y empecemos el proceso de entregar tierras a las personas de nuestro territorio”, aseveró.
Carlos Humberto Salazar, representante de la asociación campesina de Bugalagrande, insistió en la necesidad de “más certeza” y “claridad sobre la entrega de predios” y en un proceso justo que involucre acuerdos entre campesinos e indígenas. En la misma línea, Humberto Córdova, líder afro de Zarzal, reiteró que las comunidades requieren concertación y cumplimiento de compromisos.