Horas después del ataque con drones que sufrió el municipio de Candelaria en la mañana del pasado miércoles, se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad, entre la alcaldía y la Gobernación del Valle del Cauca, con el objetivo de mejorar las condiciones en la zona.
En ese encuentro se determinó que se ofrecerá una recompensa de $50 millones para quienes entreguen información que permita identificar y ubicar a los responsables del hecho que afectó la tranquilidad de los pobladores del área rural del corregimiento de El Carmelo y un radar de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil).
La Administración Municipal hizo un llamado a la ciudadanía a fortalecer la red de seguridad y aportar información a las autoridades de manera segura y oportuna.
Además, se anunció el refuerzo de la presencia de la Policía y el Ejército en Candelaria, con patrullajes, puestos de control y el acompañamiento del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).
“Es por esta razón que, en conjunto, hemos determinado, primero, junto con la Gobernación, poderle decir a la comunidad que tenemos una recompensa de hasta 50 millones para quien dé información y hallar a los responsables”, indicó al alcaldesa del municipio, Gessica Vallejo.
Antes la Aeronáutica Civil rechazó el ataque perpetrado contra la infraestructura del sistema de radar de vigilancia y control del tránsito aéreo.
De acuerdo con los reportes de las autoridades, el ataque, que se registró a las 7 de la mañana, no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales.
La zona estuvo acordonada por unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, cuyos expertos antiexplosivos adelantaron las labores de inspección técnica para evaluar los daños materiales y determinar las circunstancias exactas en que se produjeron los hechos.
Además, la Fuerza Aérea desplegó una aeronave para realizar un reconocimiento armado sobre el sector y fortalecer las operaciones de seguridad operacional y del área.
La Aerocivil indicó que fueron activados sus protocolos de contingencia para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de navegación aérea y mitigar cualquier posible impacto en el flujo operacional del suroccidente del país.
La institución reiteró que este tipo de actos constituyen una grave violación de las normas nacionales e internacionales de aviación civil y poner en riesgo la vida de miles de pasajeros.
“Este tipo de actos violentos e ilícitos no solo constituyen una flagrante violación de las normas nacionales e internacionales de aviación civil, sino que representan una grave amenaza para la seguridad operacional de las aeronaves, las tripulaciones y los miles de pasajeros que diariamente transitan por el espacio aéreo colombiano”, manifestó la Aerocivil.
* Con información de Colprensa.