Luego de que la intervención de la Policía Nacional durante la protesta de trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Educación de Buenaventura generara cuestionamientos, las autoridades distritales entregaron su versión sobre lo ocurrido y defendieron las decisiones adoptadas durante la jornada.
La manifestación hace parte de las reclamaciones que adelanta el sindicato Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet) por el pago de acreencias derivadas del proceso de reestructuración financiera enmarcado en la Ley 550.
Desde la Administración local explicaron que, antes de la actuación de la fuerza pública, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), en el que participaron las entidades competentes para hacer seguimiento a la situación y evaluar las alternativas frente a la protesta.
“Se activó un Puesto de Mando Unificado y se agotaron las instancias de diálogo con los manifestantes antes del ingreso de la fuerza pública”, aseguró María Liliana Vivas Paz, secretaria de Gobierno de Buenaventura, durante una rueda de prensa.
La funcionaria indicó que la decisión de permitir la intervención policial fue tomada de manera conjunta dentro del PMU, luego de que los manifestantes no aceptaran continuar con nuevos espacios de diálogo.
Según destacó, serán las autoridades competentes quienes determinen si el procedimiento cumplió con lo establecido en la Constitución, la ley y el Decreto 003, que regula la actuación estatal frente a la protesta social.
En esa línea, la directora financiera del Distrito, Ceneida Caicedo Riascos, se refirió al motivo de las reclamaciones del sindicato y explicó por qué las acreencias aún no han sido canceladas.
“Al revisar las acreencias reclamadas, encontramos que se incluyó un pago por sanción moratoria de un día de salario por cada día de retraso. Ese beneficio solo aplica para el pago tardío de las cesantías y no para incrementos salariales”, explicó Caicedo Riascos.
Por su parte, el comandante de la Policía en Buenaventura, el coronel Rubén Darío Berrío Buitrago, señaló que la institución intervino únicamente después de cumplir los protocolos de diálogo y debido a que el bloqueo impedía el ingreso de funcionarios y ciudadanos a la Alcaldía.
“La Policía empleó un uso racional y proporcional de la fuerza para restablecer los derechos de terceros afectados. La protesta pacífica es un derecho constitucional, pero no puede impedir el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos ni vulnerar el derecho al trabajo”, manifestó el coronel.
No obstante, el Sunet rechazó la versión presentada por la Administración local y aseveró que la movilización responde al incumplimiento de los compromisos relacionados con el pago de las acreencias que reclaman sus afiliados.