En una carta de ocho puntos, las víctimas insistieron en la instauración de una Comisión de la Verdad, la creación de un sistema de justicia especial para las víctimas, entre otros puntos.

A través de una carta, las 66 víctimas del conflicto armado que viajaron a La Habana en el 2014 plantearon a la mesa de negociaciones ocho propuestas que contribuyan a encontrar pronto una salida a los acuerdos de paz. 

El documento fue entregado por Ángela Giraldo, quien representa a los diputados en ese grupo de víctimas, al negociador de paz de las Farc Pablo Catatumbo y el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, durante la reunión de los familiares de los exasambleístas el pasado fin de semana con el secretariado de este grupo guerrillero.

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"Entendemos el momento histórico que vive nuestro país. Conforme con ello, estamos dispuestos a contribuir desde nuestra experiencia de dolor pero también de reconstrucción y futuro para que podamos tener un país sin conflicto armado", indicaron en la misiva.

Igualmente, reafirmaron su "convicción de una salida negociada del conflicto armado que pueda responder política y socialmente a las causas del conflicto”.

Las víctimas insistieron en la Comisión de la Verdad y el Sistema de Justicia como mecanismo para dar respuesta y esclarecimiento a las afectaciones que han sufrido las víctimas.

De la misma manera, pidieron que esa comisión sea independiente y no un órgano de los partidos políticos.

Insistieron en la creación de un Sistema de Justicia independiente, ágil e integral, al indicar que la jurisdicción ordinaria no ha respondido adecuadamente a las situaciones de victimización que se generan del conflicto armado. 

Por otro lado aclararon que no buscan la reclusión como solución del conflicto armado. “No es la cárcel sino la responsabilidad. No admitimos que se nos use como argumentos para decir que el de un proceso de fin del conflicto armado es la cárcel. Nuestro objetivo es la paz de Colombia y, como tal, entendemos que puedan existir figuras jurídicas como la amnistía, las penas restaurativas y las medidas alternativas de resolución de conflictos. Estas deben ser suministradas con un criterio responsabilizador”.

Buscan igualmente que se establezca un mecanismo de participación de las víctimas en los procesos de justicia, “con miras a establecer las medidas restaurativas adecuadas para atender el daño y nutrir la verdad procesal que se pueda encontrar”.

Sobre el enfoque de género, los familiares de los diputados reconocieron que es una necesidad para superar las condiciones históricas de discriminación que busca crear medidas de justicia social.

En cuanto a los pueblos indígenas y afrodescendientes, expresaron que no deben ser limitados sus derechos a una consulta previa.

Y finalmente afirmaron que las medidas que contempla el acuerdo no pueden centrarse en las posiciones políticas, religiosas o partidistas.

Lea aquí la carta con los ocho puntos completos.