Para Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo señalado por la Corte Constitucional en la noche del miércoles en el sentido de que desde los jueces que hacen parte de este organismo JEP pueden practicar pruebas para dar garantías de no extradición “es una decisión que da tranquilidad a los comparecientes, a las víctimas, a la sociedad y a los jueces”.

Linares precisó que aunque no conoce la decisión de la Corte a profundidad, sí reconoce que ese alto tribunal deja zanjada la discusión sobre las pruebas en casos de extradición, expresando la última palabra sobre un posible conflicto de competencias que se impulsó desde la Fiscalía.

“Se están dando garantías plenas al debido proceso y seguridad jurídica”, señaló la presidenta de la Jurisdicción quien calificó que el debate alrededor del tema fue supremamente intenso, que no tendría que haberse dado”.

Señaló que su condición de jueces la ampara la propia Constitución y que como tales están al mismo nivel de las demás Cortes (Suprema, Constitucional y Consejo de Estado) por lo que sus magistrados y magistradas están sometidos al mismo régimen disciplinario y a las mismas condiciones propias de su investidura.

“Los jueces y, concretamente los magistrados, se atienen al mandato constitucional y legal. Es un principio universal que no puede ser distinto y es que os jueces para tomar sus decisiones se sustentan en pruebas”, remató.

Sobre la sala especial para militares indicó que en la JEP está la sala de Definición de Situaciones Jurídicas “que ha viendo cumpliendo a cabalidad con sus funciones desde el 15 de enero del año pasado”.