Este miércoles se continuaron nuevos nombramientos de funcionarios que estarán en el gobierno de Abelardo De La Espriella, que arrancará este viernes después de las tres de la tarde cuando se juramente ante el Congreso de la República en pleno, en la ciudad de Cali.
Una de esas designaciones corresponde a la caleña Paulina Estrada, quien ocupará el Consulado General de Colombia en Madrid, una de las representaciones diplomáticas más importantes de Colombia en el exterior.
En ese país precisamente el embajador entrante es el exsenador uribista, Carlos Felipe Mejía, quien fue anunciado hace dos semanas por el presidente Abelardo De La Espriella.
Estrada, desde este cargo, tendrá la responsabilidad de liderar la atención de miles de colombianos residentes en su jurisdicción, fortalecer los servicios consulares y representar a Colombia ante las autoridades españolas.
La abogada Estrada acompaña a De La Espriella desde julio de 2025 cuando se puso al frente de la dirección estratégica de la campaña en el exterior, votación que en junio pasado en la segunda vuelta llegó a 390.974 votos.
La otra designación es la de Claudia Carrasquilla, quien hasta este miércoles era una de las concejales que tenía el Centro Democrático en Medellín, quien además se ha destacado por su función cuando estuvo en la Fiscalía General de la Nación.
La ‘fiscal de hierro’, como se le conoció será viceministra de Políticas de Defensa y Seguridad, en donde estará al lado del general en retiro Jorge Eduardo Mora López.
La posesión del presidente electo se llevará a cabo el viernes en la ciudad de Cali, tal como estaba previsto, pese a una demanda que hubo para evitar la ceremonia.
El Consejo de Estado negó dicha solicitud, decisión que fue adoptada por el magistrado Pablo Andrés Córdoba Acosta, de la Sección Primera, quien consideró que, en esta etapa del proceso, no se evidencia una vulneración de la Constitución que justifique frenar el traslado de los congresistas a Cali.
La controversia surgió de una demanda presentada por Juan Pablo Saab Ramírez contra las decisiones adoptadas por las plenarias del Senado y la Cámara para cambiar el lugar de la sesión solemne del Congreso en pleno.
El demandante sostuvo que no existían razones de fuerza mayor ni una grave alteración del orden público que justificaran realizar la ceremonia fuera de la sede habitual del Legislativo.
Además de pedir la nulidad de esas decisiones, Saab solicitó como medida urgente suspender cualquier actuación logística o administrativa relacionada con el traslado y disponer que la posesión se realizara en el Capitolio Nacional.
Sin embargo, el Consejo de Estado precisó que, según la constitución, existen dos escenarios que permiten al Congreso sesionar fuera de su sede habitual: cuando Senado y Cámara acuerdan expresamente trasladarse o cuando existe una perturbación del orden público, caso en el que corresponde al presidente del Senado determinar el lugar de reunión