La publicación de una columna de opinión el pasado 11 de enero de 2026 abrió un nuevo frente de debate sobre los límites de la crítica política y el uso de acciones judiciales frente al ejercicio periodístico en Colombia.
Ese día, la columnista Ana Bejarano difundió el texto titulado Alex y Abelardo en los portales Cambio y Los Danieles, en el que abordó la trayectoria profesional y el discurso político del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, con énfasis en sus vínculos profesionales y personales con Alex Saab, señalado como presunto testaferro del régimen de Nicolás Maduro.
En la columna, Bejarano cuestionó lo que describió como la insistencia de De la Espriella por posicionarse públicamente como un férreo opositor del chavismo, al tiempo que recordó que el abogado asumió la defensa de Saab en Colombia cuando ya existían múltiples señalamientos públicos sobre su rol dentro del régimen venezolano.
La periodista también planteó interrogantes sobre la actuación de la firma del hoy candidato en episodios relacionados con la fuga de Saab, citando el libro Álex Saab del periodista Gerardo Reyes, así como sentencias judiciales que documentan la participación de colaboradores del bufete en la evasión del empresario.
Además, Bejarano mencionó vínculos personales y profesionales entre integrantes de la firma de De la Espriella y personas cercanas a Saab, como la presencia de socios en eventos políticos asociados al chavismo y la participación de familiares de abogados en actividades en Venezuela.
En ese contexto, la columnista puso en duda la autenticidad del distanciamiento público del candidato frente a su antiguo cliente y recordó declaraciones previas en las que defendió su nombre.
Tras la publicación del artículo, el equipo de campaña de Abelardo de la Espriella reaccionó con un comunicado en el que anunció la eventual interposición de acciones legales, incluidas tutelas, y solicitó una rectificación.
En el texto, calificaron como falsas o imprecisas varias afirmaciones de la columna. Bejarano, por su parte, sostuvo que su artículo se fundamentó en fuentes, investigaciones y reportes publicados previamente por medios de comunicación, periodistas e instituciones.
Este cruce de pronunciamientos motivó la reacción de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la cual, el viernes 16 de enero de 2026, emitió un comunicado alertando sobre el riesgo de que el uso reiterado de mecanismos judiciales contra periodistas configure prácticas de acoso judicial.
“El aparato judicial no puede ser utilizado como una herramienta de presión, castigo o intimidación contra la prensa”, señaló la organización.
La Flip expresó su preocupación por el anuncio de acciones legales como respuesta a una columna de opinión y recordó que la crítica a figuras públicas, especialmente a quienes aspiran a cargos de elección popular, cuenta con una protección reforzada tanto en el ámbito nacional como internacional.
Según la fundación, estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional colombiana establecen que quienes participan activamente en la vida pública deben tener un mayor umbral de tolerancia frente al escrutinio y las opiniones, incluso cuando estas resulten incómodas o severas, en particular durante procesos electorales.
Otras denuncias por parte De la Espriella
En su pronunciamiento, la organización también recordó antecedentes en los que De la Espriella ha recurrido a acciones judiciales y otros mecanismos contra periodistas. Pues, en 2018, el periodista Jorge Gómez Pinilla, columnista de El Espectador, fue citado por la Fiscalía tras una querella por injuria presentada por el hoy candidato.
En 2019, la Flip rechazó la exposición de datos privados de un periodista en redes sociales por parte de De la Espriella, situación que puso en riesgo su seguridad. En 2021, el abogado habría demandado civilmente a la periodista Cecilia Orozco tras críticas relacionadas con su papel como defensor del exmagistrado Jorge Pretelt, y en 2024 la fundación denunció acciones judiciales contra cinco periodistas que investigaban sus relaciones con Alex Saab y David Murcia Guzmán.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, entre 2008 y 2019 existían 109 casos en los que De la Espriella figuraba como denunciante por injuria y calumnia. Varias de estas querellas fueron archivadas por razones como conducta atípica, desistimiento o inasistencia a conciliaciones, lo que, según la Flip, refuerza la preocupación de que estas acciones carecieran de sustento jurídico y fueran utilizadas como mecanismos de hostigamiento.
La fundación concluyó su comunicado con un llamado directo a los actores políticos, señalando que el respeto y la garantía de la libertad de prensa son obligaciones democráticas, especialmente para quienes aspiran a gobernar.
“Una democracia sin prensa libre es una democracia debilitada”, afirmó, y advirtió que el uso del aparato judicial para silenciar opiniones o intimidar periodistas es incompatible con los valores democráticos.