La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es uno de los mecanismos creados en el Acuerdo de Paz de 2016 para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado colombiano.
Sin embargo, hoy enfrenta el reto de avanzar en sus decisiones y hacer efectivas las sanciones que ha impuesto, en medio de las discusiones sobre el recorte a los recursos que necesita para cumplir su mandato y el rumbo que tomará la implementación de lo pactado en La Habana durante el gobierno de De la Espriella.
De ello dependerá, en parte, la continuidad de los procesos judiciales de la JEP y la posibilidad de que las víctimas vean materializados sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz, señaló que cualquier ajuste a la jurisdicción debe preservar la seguridad jurídica y permitir que las sanciones se ejecuten conforme a lo establecido en el Acuerdo de Paz.
Advirtió que una interrupción podría retrasar las decisiones judiciales y limitar la materialización de las reparaciones, especialmente en los territorios donde estas medidas deben traducirse en resultados concretos para las víctimas.
Las sanciones propias que impone la JEP contemplan restricciones efectivas de derechos y la realización de trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador.
Su cumplimiento requiere coordinación institucional, recursos y condiciones que permitan desarrollar los proyectos previstos.
Por eso, el desafío no termina con la expedición de una sentencia: también implica garantizar que las medidas se ejecuten y que las comunidades afectadas puedan reconocer sus resultados.
De ahí que la manera en la que el Gobierno articule estas obligaciones con sus prioridades de seguridad y paz será clave para determinar cómo avanza esta etapa de la justicia transicional.
La discusión por el presupuesto de la JEP
Para 2027, la JEP solicitó $947.642 millones con el propósito de atender las necesidades de su operación. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado inicialmente por el Gobierno contempló $821.803 millones, una diferencia de $125.839 millones frente a lo solicitado por la jurisdicción.
La preocupación aumentó después de que las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprobaran en primer debate una reducción adicional de $170.000 millones. Si ese ajuste se mantiene en el trámite legislativo, la entidad dispondría de $651.803 millones para la vigencia de 2027, es decir, $129.667 millones menos que el presupuesto vigente de 2026.
Del recorte propuesto, $140.000 millones corresponderían al componente de inversión y $30.000 millones a gastos de funcionamiento. La JEP pidió al Congreso conservar los recursos inicialmente contemplados en el proyecto, al advertir que una disminución adicional tendría consecuencias sobre su capacidad de cumplir las funciones misionales.
Entre los riesgos señalados por la jurisdicción están las dificultades para realizar audiencias y diligencias en los territorios donde ocurrieron los hechos, garantizar la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial de las víctimas, adelantar actuaciones investigativas y verificar el cumplimiento de las sanciones propias.
La reducción también podría repercutir en las garantías de los comparecientes ante la JEP, entre ellos antiguos integrantes de las Farc-EP y miembros de la fuerza pública. Para la entidad, mantener los recursos necesarios es fundamental para asegurar el debido proceso y la continuidad de las actuaciones judiciales.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la necesidad de revisar la distribución de los recursos públicos y priorizar el fortalecimiento de la justicia ordinaria. De la Espriella ha argumentado que las decisiones presupuestales deben responder a las necesidades del Estado y a los recursos disponibles.
Las víctimas, en el centro de la discusión
La labor de la JEP está relacionada con el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre lo ocurrido, acceder a la justicia y participar en los procesos que buscan establecer responsabilidades por los crímenes más graves del conflicto armado.
Juan Carlos Merchán, experto en conflicto y paz, ha señalado que el trabajo de las instituciones de justicia transicional ha permitido ampliar el conocimiento público sobre hechos como los secuestros, las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos y otros crímenes que afectaron a distintos sectores de la sociedad.
Estos avances muestran la importancia de mantener los mecanismos que permiten investigar los hechos, escuchar a las víctimas y establecer responsabilidades. También evidencian que la labor de la JEP no se limita a los antiguos combatientes, pues sus decisiones tienen consecuencias para las comunidades y para el reconocimiento de lo sucedido durante décadas de confrontación.
Merchán considera que la implementación del Acuerdo de Paz debe entenderse como un compromiso que beneficia al conjunto de la sociedad y no únicamente a quienes dejaron las armas. En el caso de la JEP, esa perspectiva pone el foco en las víctimas, el esclarecimiento de la verdad y la posibilidad de que las sanciones restaurativas contribuyan a reparar los daños.
En ese escenario, la discusión no se limita a los recursos asignados a la entidad, sino también a la continuidad de los compromisos adquiridos con quienes esperan respuestas del sistema de justicia transicional y garantías de reparación para las víctimas del conflicto armado colombiano.