En horas de la mañana de este miércoles, mientras el presidente Gustavo Petro estaba en Nueva York, donde participó en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, se filtró la noticia de que la representante a la Cámara y presidenta de la Comisión de Acusaciones del Congreso, Gloria Arizabaleta, pidió suspenderlo del cargo.
Esto en razón de la investigación que se desarrolla actualmente en su contra por presunta participación política en la campaña por la Presidencia, que tiene a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como contendientes.
Según lo habría expresado Arizabaleta, la medida aplicaría hasta el próximo 21 de junio, cuando se celebre en el país la segunda vuelta. Con menos de dos meses para que deje el cargo, y teniendo en cuenta que, según la Constitución, quien debe destituir al presidente es el Senado de la República, los efectos de esta propuesta tienen relación con la actual campaña por la Presidencia más que por el hecho de verse obligado a dimitir, algo que nunca ha ocurrido en el país.
Según Carlos Charry, PhD en sociología y profesor de la Universidad del Rosario, más allá del poco tiempo que le quede en el poder a Petro y lo extensos que pueden ser estos procesos, la noticia -de confirmarse- marcaría un precedente de cara a futuras elecciones: “Esta termina siendo una controversia mediática y política, que tiene como posibilidad generar una discusión pública sobre las funciones y los límites del presidente en medio de un proceso electoral”.
Estos límites de los que habla Charry se han puesto en duda a lo largo de esta campaña por la Presidencia, especialmente después de la primera vuelta cuando Abelardo de la Espriella quedó por encima de Cepeda.
Si bien desde antes era evidente el deseo de que la campaña de Cepeda saliera adelante (no en vano es el candidato progresista que ha recogido las banderas con que Petro llegó a la Casa de Nariño), el hecho de que saliera a la plaza pública a desconocer los resultados y a hablar de un fraude en las elecciones atizó el fuego en sectores que denunciaban las constantes muestras de participación en política, algo que como mandatario no puede hacer.
Por su parte, el analista político Alejandro Echeverry enfoca su mirada hacia un aspecto de especial importancia, habida cuenta de los pocos días que faltan para la segunda vuelta: “Esto no tiene injerencia en gran parte de la población, porque ella está en el día a día trabajando y resolviendo sus propios problemas, pero sí puede ser relevante para ciertos sectores que todavía no han definido su voto y que tienen muchos reparos en los candidatos”.
El efecto en la actual campaña
Para Charry, si esta petición llega a coger vuelo y termina por ser aceptada, Iván Cepeda sería uno de los actores políticos afectados, puesto que se confirmaría la teoría, por parte de la oposición, y del mismo de la Espriella de que Petro sí ha incurrido en participación política en estas elecciones: “Se podría ver afectado especialmente en términos de que quedaría claro en el debate público que se han cruzado los límites que la ley electoral y la Constitución política establecen para que el presidente ejerza las funciones dentro de un proceso electoral, donde debe dar garantías a todos los candidatos, independientemente de su orientación política, para que el proceso se lleve a cabo”, dice.
A falta de menos de dos semanas para la segunda vuelta, explica Echeverry, ganará quien cometa menos equivocaciones en su campaña. Esto, teniendo en cuenta cómo podrían capitalizar desde ambos espectros políticos la decisión de suspender a Petro del cargo.
Un hecho que ya empezó a configurarse, pues recientemente de la Espriella se refirió a dicha suspensión, llamándolo “autoatentado legislativo” y un “golpe de Estado”, en un video difundido a través de sus redes sociales.
“Colombianos, lo he dicho desde hace años: Petro se quiere robar las elecciones. Cada paso que da apunta a ello”, dijo.
Frente a esto, y teniendo en cuenta el carácter urgente de esta controversia (de la que el presidente Petro no ha hecho parte, pues su visita a los Estados Unidos ha impedido que se pronuncie), para Carlos Charry el precedente tiene miras a beneficiar a todo el sistema político en términos electorales:
“Lo importante es el debate que está al fondo de esta discusión jurídica, que es que la ciudadanía y que todos los actores del sistema político deben tener claro cuáles son las reglas del juego”, dice.