El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió al paso de las críticas por la firma de un contrato por aproximadamente 10 mil millones de pesos, equivalentes a unos 2,7 millones de dólares, entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la firma internacional Amadeus Consultancy Limited.
El monto mencionado está destinado a su defensa jurídica ante sanciones impuestas por Estados Unidos tras su inclusión en la denominada Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El polémico acuerdo fue suscrito el pasado 9 de enero de 2026 y tiene como objetivo principal la prestación de servicios de “asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, enfocada en el análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras”.
Petro, en respuestas públicas a través de su cuenta en la red social X, rechazó las expresiones de políticos de oposición que calificaron la contratación como un uso indebido de recursos públicos para su defensa personal.
Según el mandatario, las críticas surgieron por “las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y Miami, buscando invasiones, muertos y cárceles”.
El mandatario reconoció que se usaron recursos del Estado para la contratación, pero defendió esta decisión como una respuesta a un contexto internacional complejo y a las sanciones impuestas por Estados Unidos, donde también figuran, además de él, su exesposa, la primera dama Verónica Alcocer, su hijo mayor y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
La firma del contrato ha generado un fuerte rechazo de sectores de la oposición y de la Procuraduría General de la Nación, que decidió abrir una indagación preliminar para determinar si hubo irregularidades en el proceso contractual.
El Ministerio Público solicitó copias del proceso y estudios previos para evaluar si se respetaron los principios de transparencia, planeación y responsabilidad en el uso de recursos públicos. Entre otros aspectos, se cuestiona la modalidad de contratación directa, la falta de garantías de cumplimiento y el corto periodo en que se concentrarían los pagos, que terminan en abril de 2026.
Desde varios frentes políticos se argumenta que este tipo de contratos puede representar un uso indebido del erario público para fines que tendrían un carácter personal del presidente, al no estar directamente relacionados con asuntos de Estado.
Las críticas también señalan que existían otras alternativas, como la colaboración con expertos nacionales o cooperación institucional, que no implicarían un desembolso tan elevado.
Petro defenderá su postura en su próxima reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programada para el 3 de febrero de 2026, donde uno de los temas centrales será precisamente la situación jurídica y política.