Luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el aumento del salario mínimo que el presidente Gustavo Petro anunció a finales del año pasado, hoy él mismo ha firmado un nuevo decreto, en el que sostiene su decisión de que este sea del 23,7%, lo cual lo sigue ubicando en los $2 millones, más el auxilio de transporte.
Esta decisión, cuyo aumento había representado un hecho sin precedentes para los trabajadores formales del país, había causado controversia desde el momento mismo en el que fue anunciada. Sectores empresariales, analistas políticos, económicos, gremios y centrales obreras se pronunciaron a favor y en contra de lo que dicho aumento traería para la economía del país.
Según el presidente, detrás de este aumento estaba la puesta en práctica de un concepto hasta ahora no utilizado, el del “salario mínimo vital”, que cobijaba no solo al trabajador en cuestión sino al círculo familiar que dependiera de las ganancias derivadas de su trabajo en una empresa.
No faltaron quienes fueron más allá en sus quejas, y presentaron demandas con el objetivo de echar para atrás la decisión, un objetivo que se logró virtualmente con la decisión del Consejo de Estado, que ordenaba suspenderlo y le daba un plazo al Presidente de 8 días para entregar otro monto mientras la decisión de fondo se tomaba.
Contrario a lo que muchos esperaban, y debido al peso político que implica ahora una postura como la que en su momento tuvieron, quienes se mostraron en contra del aumento sostuvieron que esta decisión debía respetarse, incluso cuando llegó el concepto del Consejo de Estado.
Candidatos y precandidatos a la Presidencia de todas las orillas han estado de acuerdo en que resulta más perjudicial seguir adelante con lo que plantea el Consejo que adaptar las realidades de las empresas al aumento. Incluso el mismo Bruce Mac Master, en representación del gremio empresarial del país, señaló que, en términos jurídicos, el aumento anunciado a finales de diciembre ya tenía sobre él decisiones que difícilmente podrían echarse para atrás, tanto en términos salariales como A nivel pensional.
Con el nuevo decreto de hoy, que incluye estudios que justifican el alza, Gustavo Petro ratifica su decisión inicial, respaldado por el envión que representaron las marchas en diferentes ciudades del país, en las que trabajadores salieron a caminar para brindar su apoyo a esta polémica decisión, cuyas consecuencias para la economía del país todavía no son claras.