El presidente Gustavo Petro cumplió con la asistencia a una audiencia de conciliación pactada este 22 de mayo en la Corte Suprema de Justicia, con motivo de procesos que atraviesa por presuntas injurias en contra de los congresistas Miguel Polo Polo, Lina María Garrido y Jota Pe Hernández.

El Mandatario fue visto en compañía de su abogado, Alejandro Carranza, y en el recinto también estuvo el representante Hernández, mientras que Polo Polo y Garrido no llegaron hasta la Corte.

El proceso inició luego de que el 6 de enero de 2026, el abogado Carranza presentó ante la Corte una demanda en contra de Lina Garrido, luego de que esta usó sus redes sociales para “deslegitimar sistemáticamente” la elección de Petro.

Lina María Garrido es señalada por el presidente Petro de deslegitimar su elección como Presidente de la República. | Foto: Fotomontaje de SEMANA

La defensa de Petro indicó además que Garrido ha incurrido en reiteradas ocasiones en señalamientos contra el Presidente que suponen presuntos actos de “criminalidad, traición y alianza con estructuras criminales”.

Algunos días después, también se instauró una demanda en contra del senador Jota Pe Hernández, acusándolo de injuria y calumnia. Algunas de las pruebas presentadas incluye una publicación del congresista en sus redes sociales en la que acusa a Petro de ser el responsable de la muerte de soldados, policías y líderes sociales.

Al hablar de los procesos en contra de Polo Polo, la defensa del Mandatario también lo ha acusado de injuria y calumnia, pero ya han tenido algunas conciliaciones que no han llegado a una conclusión.

Hasta el momento, presidente Gustavo Petro no ha entregado más detalles sobre estas conciliaciones, pero se espera que una vez terminen se puedan socializar los resultados.

Jota Pe Hernández también fue señalado de injuria y calumnia por parte del presidente Gustavo Petro. | Foto: Guillermo Torres Reina

Petro le da la razón a la Corte Suprema sobre la reforma agraria

El presidente Gustavo Petro tuvo que reversar su críticas ante la Corte Suprema de Justicia luego de que el presidente de esta entidad, Iván Mauricio Lenis, le aclaró algunos asuntos sobre la reforma agraria.

Tras una recomendación de los magistrados de revisar el proyecto de ley sobre la jurisdicción agraria que cursa en la Corte Suprema, el mandatario reiteró su propuesta de una constituyente al acusarlos de cerrarle la puerta a la reforma agraria y hasta de dejar desamparados a los campesinos.

“La Corte Suprema y los magistrados que hicieron esa sentencia han cerrado hoy el camino de la reforma agraria. Dirían mis abuelos y más antes, la que hoy recibe un golpe rotundo de parte del poder judicial”, señaló el mandatario desde Boyacá.

A través de varios mensajes publicados durante el día, el mandatario acusó a los magistrados de despojar las tierras de los campesinos, de quitarle facultades a la Agencia de Tierras y hasta de que “mi gobierno está cercado por la corriente de derecha. Es larguísima la lista de decretos presidenciales derogados por el Consejo de Estado y la presencia de Ibáñez, amigo suyo y Reyes no permitió mayores avances del proceso democrático”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia fue el encargado de aclarar algunos aspectos de la reforma agraria al presidente Gustavo Petro. | Foto: No

Ante estas acusaciones, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, tuvo que salir a desmentir al presidente y afirmar que “la corporación es enfática en señalar que la adjudicación de los terrenos baldíos ha sido y es, como en los últimos 90 años, una facultad del Estado, y en el esquema actual, a través de la Agencia Nacional de Tierras”.

La explicación del Alto Tribunal obligó al mandatario a retractarse y darles la razón ante las acusaciones que lanzaba sin sentido sobre la jurisdicción agraria y lo que realmente decidían desde la Corte Suprema.

“Me parece respetable la posición del presidente de la Corte Suprema de Justicia”, señaló el mandatario este viernes en su red social x, tras las aclaraciones que hizo el magistrado Lenis.

“La jurisdicción agraria pedida en el acuerdo de paz es para acelerar la solución a los conflictos de tierras en Colombia y no debe ser transformada en instrumento para retrasar las soluciones a esos conflictos, el estado debe ser más eficaz en su solución en el espíritu general de la Constitución y de las Naciones Unidas de acceso a la propiedad de la tierra del campesinado y las comunidades indígenas y afrodescendientes todas productoras de alimentos que deben gozar de especial protección del estado” agregó.

Con información de Colprensa*