La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, volvió a poner en el centro del debate público el manejo presupuestal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al denunciar, en una serie de mensajes públicos y ante medios, un supuesto gasto excesivo en viajes, viáticos y tiquetes que, según su versión, equivaldría a un “turismo judicial”.
Posada afirmó que entre 2020 y 2026 la JEP destinó $56.435 millones a esos rubros y que, en ese lapso, se habrían realizado más de 75 viajes internacionales vinculados a la labor del tribunal de paz.
La parlamentaria, que ha sido una de las voces más críticas frente a la JEP desde su bancada, presentó además otras acusaciones: aseguró que funcionarios del tribunal habrían presionado a comparecientes de la fuerza pública para que solicitaran medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de frenar un recorte presupuestal de $170.000 millones propuesto para 2027.
Según Posada, a los uniformados se les habría dicho que sin esos recursos la JEP no podría funcionar y que sus casos pasarían a la justicia ordinaria. En su denuncia pública la senadora describió audiencias que, según ella, no tendrían el rigor esperado.
“Lejos de ser el sometimiento de un terrorista a una autoridad judicial, parece una tertulia de 6 horas con amigos en el club con risas, anécdotas y sin preguntas incómodas”, escribió en su cuenta en X. Posada añadió que, a la fecha, la JEP le habría costado al país $3.8 billones y calificó la actuación del tribunal como una “burla a las víctimas”.
La JEP, como órgano creado para atender la justicia transicional en Colombia, tiene entre sus funciones la investigación y juzgamiento de crímenes relacionados con el conflicto armado, así como la protección de víctimas y la garantía de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Sus procedimientos incluyen audiencias públicas y privadas, comparecencias y comisiones de esclarecimiento que, por su naturaleza, pueden requerir desplazamientos nacionales e internacionales, cooperación técnica y participación en foros y encuentros multilaterales.
El señalamiento de Posada se enmarca además en un debate político más amplio sobre la sostenibilidad presupuestal de la JEP y la revisión de mecanismos procesales cuando se trata de miembros de la fuerza pública.
La senadora anunció que su bancada presentará un proyecto para modificar el mecanismo de revisión de sentencias contra miembros de la fuerza pública, de modo que esos recursos sean revisados por un tribunal penal militar y policial. Esa propuesta, de prosperar, implicaría cambios institucionales y jurídicos de calado, y abriría un nuevo frente de discusión sobre la independencia y la competencia de la JEP frente a otras jurisdicciones.