Cada jornada electoral en Colombia convoca a millones de ciudadanos a las urnas. Esta vez, para ser exactos, son en total 41 millones de personas, 20 millones hombres, 21 millones mujeres, que están habilitados para definir Senado, Cámara y consultas interpartidistas.
Pero más allá de los puestos de votación instalados en colegios, coliseos o plazas, hay otros escenarios donde también se ejerce el derecho al voto. Las cárceles, por ejemplo. Allí están los privados de la libertad que aún no han sido condenados, así como la guardia del Inpec y sus funcionarios, que también deben tener la opción de sufragar.
Los ciudadanos con discapacidad física o visual que requieren apoyos para votar lo podrán hacer, así como los colombianos que viven fuera del país. Se trata de electores con condiciones particulares, que siguen ciertos procedimientos especiales diseñados por la Registraduría para garantizar su participación en esta jornada democrática.
El País presenta esta guía de cómo deben sufragar los “otros” electores.
Así es votar en una cárcel: el derecho de los acusados
En Colombia no todos los privados de la libertad pierden su derecho al voto. La ley establece una diferencia clara entre condenados y no condenados. Los primeros (sentenciados por un juez) pierden temporalmente sus derechos políticos. Los segundos, personas imputadas o acusadas que todavía no hayan sido condenadas, mantienen intacto su derecho a votar.
Para ellos, la Registraduría instala mesas electorales en algunos centros penitenciarios. Según el Inpec, son en total 117 cárceles en el país en las que se instalarán 121 puestos de votación, con 130 mesas. Las personas que votarán en las cárceles son 10.639. Entre ellas, 3316 corresponden a privados de la libertad y el resto, 3903, al cuerpo de guardias y funcionarios de esa entidad.
Óscar Fuentes, exdirector de la Cárcel de Jamundí, explica que el procedimiento es relativamente simple: la autoridad electoral traslada una mesa de votación al establecimiento penitenciario.
“Las personas privadas de la libertad se dividen en dos: los condenados y los no condenados. Los acusados, como no han sido sancionados, mantienen sus derechos civiles y políticos. Por eso tienen derecho a votar”, dice.
En el complejo penitenciario de Jamundí, por ejemplo, hay una mesa electoral donde participan tanto miembros del cuerpo de custodia como los internos que no han sido condenados.
Según Fuentes, en elecciones recientes alrededor de 200 internos sindicados estaban habilitados para votar, además de unos 600 funcionarios de la guardia.
Sin embargo, el sistema tiene limitaciones. Muchos detenidos llegan trasladados desde otras ciudades y permanecen inscritos en censos electorales diferentes, lo que en la práctica les impide participar en la jornada electoral.
“La urna está allí, pero el proceso de inscripción y de pedagogía no es amplio. No todos los acusados se inscriben en las cárceles donde van a ser trasladados”, sostiene.
La situación es aún más crítica en las estaciones de policía, donde también permanecen detenidas personas sin condena. Allí no se instalan mesas electorales, por lo que el derecho al voto no se puede ejercer.
Personas con discapacidad física: el reto de la accesibilidad
El acceso al voto también depende de barreras arquitectónicas. En Cali, según datos de Fernando Aguirre, activista y defensor de los derechos de las personas con discapacidad, alrededor de 350 mil ciudadanos viven con algún tipo de discapacidad. Entre ellos, aproximadamente la mitad son mayores de edad y, por lo tanto, potenciales votantes.
“En el tema de la discapacidad hay dos tipos que requieren ayudas técnicas para ejercer el derecho al voto: la física y la visual. Las demás no tienen impedimentos que requieran adaptaciones especiales”, explica.
En el caso de la discapacidad física, el principal obstáculo para ejercer el derecho al voto suele ser la infraestructura. De ahí que los puestos de votación deben garantizar accesos sin barreras arquitectónicas, como rampas o espacios sin escaleras.
También existen cubículos adaptados, más bajos que los convencionales, pensados para usuarios de silla de ruedas y también para personas de talla baja.
Si estas condiciones no se cumplen, el votante puede exigir que se adapten.
“Si llego al puesto de votación y mi mesa está en el segundo piso y solo se puede subir por escaleras, tengo todo el derecho de exigir que bajen la urna. Todo el proceso tiene que bajar a mí”, explica Fernando.
Sin embargo, añade, el elector con alguna discapacidad física también tiene el deber de verificar con antelación si su mesa es accesible en silla de ruedas o no. Si no es así, debe solicitar el cambio con suficiente antelación.
“En mi caso, yo votaba en la Normal de Señoritas, pero me cambié de casa y ahora lo haré en el Colegio Hispanoamericano. Ya verifiqué el lugar: fui hasta el colegio y comprobé que no tendría problemas de accesibilidad”, comenta.
Ahora bien, no todos los usuarios de silla de ruedas son autónomos. Es decir, no se movilizan solos en su silla. Por ejemplo, las personas cuadrapléjicas necesitan acompañamiento y apoyo asistencial. En ese caso, la ley permite que quienes requieran esa ayuda puedan ingresar al cubículo con una persona de su entera confianza, que incluso puede asistirlos en el momento de depositar el sufragio.
En Cali, por cierto, alrededor del 80 % de los colegios ya tienen condiciones de accesibilidad. Sin embargo, es importante llegar con suficiente antelación al cierre de las mesas (4:00 de la tarde), pues el proceso de votar para una persona con alguna discapacidad física puede tardar un poco más.
Así votan los ciegos
Para los votantes con discapacidad visual existe una herramienta específica: el tarjetón en braille. La Registraduría imprime estos tarjetones especiales para que las personas ciegas puedan identificar las opciones electorales de forma autónoma.
Juan Gabriel Soto, quien trabaja en la Sala Helen Keller de la Biblioteca Departamental de Cali, asegura que en su caso siempre ejerce su derecho al voto sin acompañantes.
“Llego solo a mi mesa desde mi casa y exijo siempre el tarjetón en braille. Para eso se invierten recursos públicos y se imprimen; hay que usarlos”, afirma.
Los tarjetones en braille deben estar disponibles en cada puesto de votación. Además, los jurados tienen la obligación de facilitar el proceso y garantizar que la persona pueda ejercer su derecho sin obstáculos.
Juan Gabriel, también activista de la población ciega, considera que “Cali ha evolucionado en accesibilidad y señalética para personas invidentes”.
Sin embargo, si una persona ciega no conoce el braille o desea llegar a la mesa de votación con un acompañante de su confianza, también lo puede hacer, según lo dispuesto por la Registraduría.
¿Y las personas sordas?
De otro lado, en el caso de las personas sordas el principal desafío, en ocasiones, es la comunicación. Lo ideal es que cada puesto de votación cuente con intérpretes de lengua de señas.
Cuando esto no ocurre, algunas ciudades, como Cali, han implementado alternativas como videollamadas con intérpretes especializados que orientan a los votantes durante el proceso.
Los colombianos en el exterior: votar lejos de casa
Otro grupo clave de electores está fuera del país. Para las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas de este domingo 1.250.846 colombianos hacen parte del censo electoral en el exterior.
Aunque quienes viven fuera del país superan los cinco millones de personas, según la Cancillería, solo una quinta parte está inscrita para participar en las elecciones. La mayoría está en Estados Unidos, España y Chile.
Los colombianos que viven fuera del país pueden acudir a consulados, embajadas o puestos adicionales habilitados por la Registraduría, donde el proceso de votación es similar al que se realiza en ‘casa’, aunque con algunas particularidades logísticas.
Para facilitar la participación de una población dispersa, que vive en horarios distintos a los locales, las jornadas de votación en el exterior suelen extenderse varios días antes de la fecha oficial.
Para estos comicios se habilitaron 1945 mesas de votación el 8 de marzo y 1387 entre el 2 y el 7 de marzo, distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países, según la Registraduría.
Además de participar en la elección de Senado y en las consultas interpartidistas, los colombianos en el exterior tienen la posibilidad de elegir un representante propio a través de la circunscripción internacional de la Cámara de Representantes, una curul creada para llevar al Congreso las problemáticas de quienes viven fuera del país.