En medio del sismo político que vive el país tras la orden temporal de suspensión contra el presidente Gustavo Petro, emitida por la congresista Gloria Arizabaleta, el representante a la Cámara Leonardo Gallego anunció su renuncia a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La decisión del congresista del Partido Liberal se conoció pocas horas después de que se desatara la controversia por la medida adoptada contra el jefe de Estado, decisión que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos y jurídicos del país.
A través de una carta, Gallego explicó las razones que lo llevaron a apartarse de la célula legislativa y manifestó su preocupación por lo ocurrido al interior de la comisión.
“He tomado esta decisión como expresión de mi profunda preocupación por los acontecimientos ocurridos en el día de hoy y particularmente por la adopción de una medida cautelar que, en mi criterio, carece de fundamentos suficientes y genera efectos políticos que trascienden el ámbito propio de las competencias institucionales de la comisión”, indicó.
El congresista también sostuvo que la labor de la Comisión de Investigación y Acusación debe desarrollarse bajo criterios de independencia y respeto por las funciones establecidas en la Constitución, sin que sus actuaciones sean interpretadas como un respaldo o una afectación a sectores políticos específicos.
“Reafirmo que la Comisión de Investigación y Acusación no fue concebida para favorecer o perjudicar a ningún gobierno de turno ni para intervenir directa o indirectamente en procesos electorales en curso”, sostuvo.
El representante liberal insistió en la necesidad de preservar el carácter institucional de la comisión y garantizar que sus actuaciones se desarrollen alejadas de cualquier interés político o electoral.
Asimismo, reiteró que la función constitucional de ese organismo debe estar orientada a actuar con imparcialidad y dentro de los límites que establece la ley para este tipo de procedimientos.
La controversia alrededor de la suspensión anunciada contra Gustavo Petro continúa generando reacciones en distintos sectores del Congreso; de hecho, la Corte Suprema de Justicia recibió ya la primera denuncia por prevaricato contra Gloria Arizabaleta.
Radicada por el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, la acción judicial asegura que la representante desconoció el procedimiento especial que ha previsto la Constitución para juzgar al presidente, lo cual constituye un prevaricato.
Agregó que la decisión no se trata de un error, sino de un acto de mala fe, con propósitos que no están del todo claros. “Estos elementos, en conjunto, permiten inferir que la actuación no obedeció a un error de buena fe, sino a un proceder consciente y dirigido, lo que deberá esclarecerse en la investigación“, afirmó.