Varias son las sanciones que contiene la ponencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de la campaña presidencial del ahora mandatario Gustavo Petro, a la que se acusa de violar topes electorales en más de 3500 millones de pesos.
Una de las sanciones va dirigida expresamente al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien en ese momento fungió como gerente de la polémica campaña y al que se le acusa de violación de topes de campaña en cuantía superior a los 3 mil millones de pesos y de financiación de fuentes prohibidas, por más de 2779 millones de pesos.
El oficio radicado por los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, también sanciona a Lucy Aydee Mogollón, que se desempeñó como tesorera, y a María Lucy Soto, en su calidad de auditora interna de la campaña presidencial, por los mismos hechos.
Para responder por estos hechos, la ponencia propone multar a Roa, al igual que a Mogollón y a Soto, con una multa que asciende a más de 5000 millones de pesos.
“En firme la presente decisión, prestará mérito ejecutivo y se deberá consignar el valor correspondiente de las sanciones impuestas, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente resolución”, dicta el artículo octavo.
Así mismo, se contemplan sanciones para Colombia Humana (partido político que pertenece al presidente Gustavo Petro) y a la Unión Patriótica (UP) “por violar o tolerar la vulneración a los topes o límites de ingresos y gastos, permitir la financiación prohibida, e incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la organización, funcionamiento y financiación de la campaña presidencial”.
De acuerdo con el oficio, la multa deberá ser descontada del monto de financiación estatal a favor del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, en el siguiente desembolso que por concepto de funcionamiento le asigne el CNE a Colombia Humana y a la UP.
La ponencia radicada por los magistrados deberá ser discutida y respaldada por mayoría en la sala plena del Consejo para que de esta manera tenga efectos.
Ese alto tribunal será el encargado de recibir y analizar el documento de más de 600 páginas, en una jornada en la que todos los consejeros van a tener que decidir si aprueban o no la ponencia.
Al ser un total de ocho consejeros, se presume que habrá cinco votos a favor y tres en contra para que sean aprobadas las sanciones.