Radican tutela contra el CNE por presunta dilación en proceso por la campaña Petro 2022

El abogado Hollman Ibáñez Parra radicó una acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la aparente parálisis en el proceso sancionatorio contra la campaña Petro Presidente 2022.

La tutela busca que se resuelva con celeridad una recusación presentada hace más de dos meses contra la magistrada Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, quien haría parte de la investigación.

La investigación del CNE se centra en una posible violación de topes y en presuntas fuentes de financiación prohibidas durante la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro al poder.

No obstante, el proceso se encuentra actualmente suspendido, lo cual ha generado preocupación, no solo por la cercanía de la caducidad de la acción administrativa, sino también por la aparente inacción del órgano electoral.

El Código de Procedimiento Administrativo establece que las autoridades tienen un plazo de tres años para imponer sanciones desde la ocurrencia del hecho.

En este caso, el plazo para la primera vuelta presidencial ya venció el 29 de julio, y para la segunda vuelta vencerá el próximo 19 de agosto.

A pesar de ello, fuentes dentro del CNE han indicado que los términos han sido interrumpidos por dos factores, el conflicto de competencias resuelto por el Consejo de Estado entre la Comisión de Acusaciones de la Cámara y el CNE, y la recusación presentada contra la magistrada Velásquez.

Según Ibáñez, la recusación radicada el 20 de mayo debía resolverse en un plazo máximo de cinco días hábiles, pero no ha sido atendida, lo que ha bloqueado la deliberación de la Sala Plena del CNE para decidir si se impone o no una sanción a la campaña del hoy presidente Petro.

El abogado señala que la magistrada Velásquez no debería participar en el proceso, ya que fue testigo electoral durante ambas vueltas presidenciales, lo que a su juicio representa un conflicto de interés.

Mientras tanto, se mantienen en pausa las decisiones sobre el exgerente de campaña Ricardo Roa, la tesorera Lucy Mogollón, los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, así como los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, quienes podrían enfrentar sanciones si se comprueba que los topes fueron superados por más de 5355 millones de pesos.

La tutela, según el abogado, busca proteger derechos fundamentales afectados por la inacción del CNE y presionar una resolución que destrabe el caso.

El recurso se convierte en una vía jurídica para que las autoridades electorales no continúen postergando decisiones que, según los accionantes, son clave para la transparencia institucional y el control sobre la financiación de campañas.