Luego de que la Secretaría Jurídica le dé su aval, el presidente de la República, Gustavo Petro, podrá sancionar cuatro leyes que terminaron su trámite legislativo en el Congreso esta semana.
La plenaria del Senado aprobó la ley que establece el marco legal para el fomento de la ‘cococultura’ y se crea el Fondo Nacional del Coco, con el objetivo de garantizar el desarrollo sostenible del sector del coco en Colombia, mejorar su competitividad y productividad, promover y apoyar la investigación e innovación tecnológica, así como el desarrollo de capacidades en el sector y emprendedores en esta industria.
Otra ley que fue aprobada en su último debate es la que garantiza la protección efectiva de los derechos de las personas de la tercera edad, especialmente aquellas en condiciones de descuido o abandono, fortaleciendo la responsabilidad estatal y familiar.
También los senadores avalaron la ley que rinde honores a la Banda de Baranoa (Atlántico), con la que se reconoce a esta agrupación como manifestación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, asegurando la continuidad de la tradición y fomento de la cultura del departamento.
Y la otra ley es la Semana Santa y Música en Marinilla (Antioquia), por lo que se le declara como patrimonio nacional las tradiciones de Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de San José de Marinilla, reconociendo oficialmente al municipio como la “Ciudad con Alma Musical de Colombia”.
Por otro lado, la Comisión Séptima dio aprobación al proyecto sobre la política pública de atención a la tuberculosis, que además coincidió con la conmemoración del Día Mundial de la Tuberculosis.
La ponente senadora Nadia Blel Scaff resaltó que establece un enfoque integral que contempla diagnóstico oportuno, tratamiento supervisado, atención psicosocial y acciones prioritarias para poblaciones vulnerables, reconociendo que esta enfermedad continúa afectando a miles de colombianos, especialmente en contextos de pobreza y exclusión social.
La comisión también aprobó el proyecto de ley que dispone la instalación obligatoria de bebederos de agua potable en el espacio público, para garantizar así el acceso al agua en parques, instituciones y zonas de alta concurrencia, así como promover hábitos sostenibles y reducir el consumo de plásticos de un solo uso.
Una ley más votada fue la que prohíbe la disminución de requisitos mínimos para acceder a cargos del nivel directivo en el sector público y en empresas con participación estatal.