La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones, por haber ordenado irregularmente la suspensión de su cargo del presidente de la República, Gustavo Petro.
La decisión, conocida ayer, fue considerada ilegal tanto por el Gobierno como por la oposición, pues el presidente solo puede ser suspendido, de acuerdo con la Constitución, por la plenaria del Senado, luego de una investigación realizada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y avalada por la plenaria de la Cámara.
La Procuraduría determinó que Arizabaleta incurrió en prevaricato por haber adoptado en una decisión abiertamente contraria a la ley.
Arizabaleta ya fue objeto también de una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por el mismo motivo, presentada por el exministro de vivienda, Luis Felipe Henao.
Se espera que en los próximos minutos la representante dé una rueda de prensa en la que explique por qué tomó la controvertida decisión.
Desde la oposición se ha asegurado que la suspensión del presidente sería una especie de autogolpe para que el mandatario pudiera libremente apoyar la candidatura de Iván Cepeda, mientras que el presidente aseguró que todo hacía parte de una extorsión que la representante le venía haciendo al Gobierno.
La suspensión que fue ordenada por Arizabaleta estaba sustentada en una presunta participación en política por parte del presidente Petro, una práctica que está prohibida en Colombia.
Esta participación en política del Mandatario ya ha sido denunciada por diversos opositores e incluso por varios gremios del país, pero la decisión de la suspensión fue calificada como algo inaudito por la mayoría de personajes políticos y empresariales del país.
Hasta el momento, desde la Presidencia de la República y por parte de Gloria Arizabaleta no se ha obtenido un pronunciamiento frente a esta decisión, pero se espera que en las próximas horas se pueda obtener mayor información.
El controversial auto llevó a que por primera vez en esta competencia presidencial las dos campañas se identificaran al decir que el mismo sólo tenía fines políticos; por un lado la oposición en cabeza de Abelardo de la Espriella dijo que se trató de un “autoatentado legislativo” de Petro, para abandonar el cargo y salir en apoyo a su candidato presidencial, Iván Cepeda.
Desde las filas del oficialismo, el auto se consideró como una forma de querer enturbiar la labor del mandatario nacional, por lo que calificaron el mismo como inconstitucional. Incluso en esas horas a la controvertida representante le interpusieron una denuncia por prevaricato en la Corte Suprema de Justicia, dado el alcance de ese supuesto acto disciplinar de retirar de forma temporal al mandatario por participación en política.
Pero las situaciones en su contra por su controvertida decisión no pararon ahí. El principal implicado, el presidente Petro, sostuvo que ella intentó extorsionar a su gobierno y pidió una investigación penal.
Con información de Colprensa*