La Corte Constitucional le dio un plazo de 30 días al Gobierno para explicar por qué pide aplazar la reforma pensional hasta abril de 2028. Según el Ministerio de Hacienda, arrancar el nuevo sistema en abril de 2027, como está previsto, costaría 5 billones de pesos adicionales que hoy no están en el presupuesto.
El posible aplazamiento del nuevo sistema pensional genera incertidumbre entre los colombianos próximos a jubilarse.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, tendrá 30 días hábiles para sustentar ante la Corte Constitucional las razones fiscales por las que solicitó la apertura de un incidente de impacto fiscal frente a la Sentencia C-264 de 2026.
La Sala Plena de la Corte Constitucional abrió por unanimidad, con siete votos, el incidente de impacto fiscal solicitado por el Ministro, luego de que el funcionario advirtiera que implementar el nuevo sistema en la fecha prevista podría generar necesidades adicionales de recursos por $5 billones.
De acuerdo con la información proporcionada por el alto tribunal, el Ministro dispone de 30 días hábiles, contados desde la notificación del auto, para presentar los argumentos. Si no lo hace dentro de ese plazo, “se declarará desierto” el incidente.
En el escrito radicado el 22 de septiembre, Gómez Martínez sostuvo que la entrada en vigencia del sistema pensional el 1 de abril de 2027, fecha fijada por la Corte, exigiría incorporar recursos adicionales a la planeación financiera del Estado.
Según las estimaciones de Hacienda, ese escenario podría representar necesidades por $5 billones, que tendrían que ser compatibles con el espacio fiscal y las obligaciones presupuestales de la Nación.
En uno de los argumentos expuestos dentro del documento, el Ministerio aborda el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), mecanismo previsto en la reforma para acumular recursos destinados a respaldar las obligaciones pensionales futuras, y explica que el esquema contempla porcentajes de acumulación del Producto Interno Bruto en distintos periodos, con una reducción gradual de los recursos que deben reservarse a medida que avanza el calendario establecido.
Para Hacienda, la fecha de entrada en vigencia fijada por la Corte no coincide con los periodos de acumulación previstos originalmente en la ley. Por eso, consideró que el cambio podría alterar las proyecciones de ahorro, las obligaciones financieras y los recursos necesarios para implementar el sistema.
El ministro sostuvo que se requiere un periodo que permita ajustar la programación presupuestal y evitar presiones adicionales sobre las finanzas públicas.
El escrito también señaló que, cuando se presentó el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para 2027, el Gobierno no tenía certeza sobre las implicaciones fiscales de la reforma, debido a que algunos puntos todavía estaban sujetos a discusión y a eventuales cambios en su aplicación.
Información de Colprensa.