La carrera contrarreloj para que se agilicen las reformas política y judicial en el Congreso

La menguada plenaria del Senado de la República el jueves pasado fue levantada luego de un mensaje muy contundente: “Senadoras y senadores, tenemos de verdad un agenda muy apretada. La gran preocupación del Gobierno en el día de hoy es que podamos darle trámite a este proyecto porque ya vienen otros y tenemos mucho por hacer”.

La sentencia fue hecha por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien pedía así a esa corporación que diera pronto trámite a la votación de la reforma política, que cumplía una semana en esa instancia y quedaba al filo del plazo máximo.

Esa misma preocupación es la que tienen cada año por esta época los ministros de esa cartera, pero en especial cuando, como ahora, está comenzando un nuevo Gobierno, que es el momento en que se radican las reformas más fundamentales, como por ejemplo, la política y la judicial.

De hecho, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, ha llamado la atención sobre el ‘trancón legislativo’ que persiste en el Congreso. Dijo que las bancadas tienen que organizarse y el Gobierno debe priorizar sus proyectos.

“Si no es así, vamos a terminar en diciembre con la mayoría de los proyectos a mitad de camino y eso termina siendo un mal referente cuando acaba de pasar una Consulta que nos está diciendo que hay que tomar medidas serias contra la corrupción”, señaló.

A diferencia del Gobierno Santos, que gracias al ‘fast track’ dio rápido trámite a la agenda legislativa, con Iván Duque volvió el procedimiento ordinario, en el que las reformas constitucionales deben ser votadas en cada cámara y no con sesiones conjuntas.

Ese trámite obliga a que las reformas política y judicial y la enmienda constitucional que eleva a delitos el secuestro y el narcotráfico de cara a la negociación de un proceso de paz, tienen que ser votadas en ocho debates, cuatro en primera vuelta y cuatro en segunda.

De ahí el afán de la MinInterior, quien tiene claro que los cambios a la Carta Magna no se pueden hacer en sesiones extras, que solo están reservadas al trámite de las leyes, como seguro va a pasar con la Ley de financiamiento (reforma tributaria).

En opinión del senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa “los trámites de las iniciativas están algo lentos; a plenaria no han llegado los temas fundamentales, con excepción de la reforma política, la cual veo bastante enredada”. 

Esta reforma apenas ha surtido el primero de sus ocho debates. Hoy estaría llegando a la plenaria del Senado y aún no tiene ponencia para segundo debate. Si logra un trámite fluido, estaría siendo votada la segunda semana de noviembre. Luego deberá esperar quince días para pasar a la Cámara de Representantes, es decir, la última semana de ese mes. Con los tiempos muy apretados, sería votada en la primera semana de diciembre e iría a plenaria en la última semana de sesiones.

“El trámite de la reforma a la Justicia fue muy accidentado en la Comisión Primera y por tiempos no creo que alcance a darse en la Cámara. Creo que los tiempos no dan, así se quiera apoyar al Gobierno, son demasiado precisos”, estima el senador Motoa.

En concepto de Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, “está empantanado porque la intención es que el Presidente elija al Fiscal General de la Nación directamente a dedo, que no le estorbe en la Corte, eso es un desequilibrio de poderes”.

Del grupo de reformas constitucionales que están aún pendientes de trámite, hay dos que están relativamente ‘muertas’, por falta de apoyo.
La primera es la ampliación de mandato a los actuales alcaldes y gobernadores para que los tiempos de mandato sean parejos con el del Presidente.

El proyecto pasó a plenaria a segundo debate, pero, como lo señala Motoa, será muy difícil que pase, “porque es inconstitucional”.

Tampoco avanzaría a segundo debate la reforma constitucional que crea una sala especial para los militares al interior de la Justicia Especial de Paz, JEP, proyecto que es de autoría del Centro Democrático y acompaña el Gobierno, el cual tuvo ya su primera votación negativa en la Comisión Primera del Senado y no alcanzaría a ser aprobada.

Como ley normal y que se tramita con mensaje de urgencia, está la modernización del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que es autoría del Gobierno Nacional. Así como el presupuesto bienal de regalías que ya empezó a discutirse. También está en trámite la Ley de Orden Público, tema que es fundamental para el Gobierno nacional.

El paquete de la Consulta Anticorrupción no avanza bien. El proyecto de acto legislativo que restringe a tres periodos la presencia de una persona en una corporación pública se hundió en la plenaria de la Cámara, pero el tema fue aprobado en la reforma política. Hundido está prácticamente el proyecto que buscaba rebajar el salario de los congresistas, el cual también es reforma constitucional.

La Comisión Primera del Senado de la República aprobó el informe de ponencia que propone la creación de una sala especial para militares en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y con esto ‘revive’ la posibilidad de que el proyecto pueda ser aprobado, pese a que la semana pasada parecía haberse hundido por falta de quórum.

La aprobación de la ponencia contó con el apoyo del Gobierno nacional, en cabeza de los ministros del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y de Defensa, Guillermo Botero, quienes defendieron la propuesta argumentando los beneficios para las Fuerzas Militares.

Sin embargo, pese a que se aprobó el informe de ponencia, a través de diferentes proposiciones e intervenciones, la discusión y posible votación del mismo quedó pendiente para hoy.

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La plenaria del Senado de la República, tal y como se había acordado entre los partidos, aprobó anoche el artículo del proyecto de reforma política que avala las listas cerradas para las elecciones a Congreso de la República, con 74 votos a favor.

Las listas cerradas, según lo votado, podrán ser elegidas al interior de los partidos a través de diferentes mecanismos de selección, lo que quiere decir que cada colectividad será autónoma en la forma de seleccionar sus integrantes. De esta manera podrá hacerse la elección interna a través de consultas populares, encuestas internas o acuerdos al interior del movimiento.

Sin embargo, para el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, “no es cierto que la lista cerrada golpee en serio la corrupción política. Si hay X número de indeseables en una lista abierta y la cierra, lo único que pasará es que ocultarán a esos mismos indeseables. Pero sí golpea a fuerzas como el Polo que no desea esconder a alguien”.

A través de Twitter la senadora del Centro Democrático Paola Holguín dijo que “el voto en lista cerrada incentiva el crecimiento de los partidos y la disciplina de bancada porque no se está en una competencia entre futuros contendores que llegarán a las urnas para arrebatar los votos del otro”.

Mientras que el senador Roy Barreras dijo que “hoy (ayer) tenemos las mayorías porque el Congreso debe entender que lo que existe en Colombia es un sistema clientelar de compra y venta de votos, de microempresas electorales, un sistema corrupto en el origen porque la lista está abierta a la financiación de dineros perversos del narcotráfico, de corrupción administrativa, con reglas de juego que heredamos”.

En cuanto a los reparos que tenían algunos congresistas sobre este punto, indicó Barreras que “el Partido Conservador tiene dudas sobre el momento de aplicar esta reforma, que no quiere que se aplique en el 2019”.

Junto a este punto, que era considerado uno de los más importantes, también fue aprobada la llamada lista paritaria, que promueve la participación igualitaria de las mujeres en las elecciones para cargos públicos.

De esta manera, las listas de los aspirantes a corporaciones públicas deberán tener en 2019 el 33 % de mujeres. En 2022 deberán tener el 50%.

La reforma política tuvo ayer el segundo de ocho debates y estaría llegando en dos semanas a la Cámara, es decir, para la tercera semana de noviembre. En esa corporación debe cumplir su paso en Comisión Primera y luego ir a plenaria. Los tiempos le estarían alcanzando para que sea votada en su cuarto debate antes del 16 de diciembre.

Pero la segunda vicepresidente del Senado, Angélica Lozano, de la Alianza Verde, ve el trámite de esta enmienda constitucional muy complejo: “La veo enredada, lenta. Las dos reformas grandes del Gobierno, la política y la judicial, las veo empantanadas. En el Congreso no hay consenso para la lista cerrada y lo que está buscando el Gobierno es salvarla ahorita que pase de la plenaria, pero con un falso apoyo”.

A su juicio, el Gobierno “está buscando, creo yo, que como en primera vuelta no se le niega un voto a nadie, lo que está haciendo es prolongar la agonía y diferir la derrota en un proyecto como este de la política”.