La controversia en torno a la exclusión de Iván Cepeda de la consulta presidencial del próximo 8 de marzo sigue escalando y ahora se traslada al terreno penal, pues el senador y precandidato del Pacto Histórico anunció que interpondrá denuncias ante la Fiscalía General de la Nación contra dos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), a quienes señala de haber actuado de manera irregular durante el proceso que derivó en su inhabilidad.
El anuncio fue hecho por el propio Cepeda a través de su cuenta en la red social X, donde informó que denunciará penalmente a Álvaro Hernán Prada Artunduaga y al conjuez Hollman Ibáñez. Según explicó, las acciones judiciales estarán sustentadas en el presunto delito de prevaricato por omisión, contemplado en el artículo 414 del Código Penal.
En su mensaje, el dirigente político sostuvo que “nuestros derechos no serán pisoteados impunemente” y afirmó que ambos funcionarios participaron en la discusión y votación de las solicitudes de revocatoria de su inscripción como precandidato, a pesar de encontrarse impedidos para hacerlo.
De acuerdo con Cepeda, en el caso de Álvaro Hernán Prada existiría un conflicto directo, dado que enfrenta un proceso penal que se encuentra en etapa de juzgamiento, en el cual Cepeda figura como víctima. A esto se sumaría, según el senador, una animadversión manifiesta en su contra.
En cuanto a Hollman Ibáñez, Cepeda argumenta que el conjuez no debía intervenir debido a pronunciamientos extraprocesales previos sobre el caso y por una supuesta animadversión tanto hacia él como hacia el Pacto Histórico.
La decisión del CNE que dejó por fuera a Cepeda de la consulta interna ha sido objeto de múltiples cuestionamientos jurídicos. Varios expertos han señalado que la actuación de al menos uno de los conjueces podría haber vulnerado el régimen de impedimentos.
En particular, se ha puesto bajo la lupa el papel de Hollman Ibáñez, quien, según se ha conocido, ha tenido vínculos profesionales con sectores políticos opuestos al Pacto Histórico. Entre esos antecedentes figuran trabajos en la firma del también candidato presidencial Abelardo de la Espriella, su participación en demandas contra integrantes de esa coalición y la representación de figuras de la oposición.
Juristas consultados advirtieron que estos antecedentes comprometían el deber de imparcialidad del conjuez y que, al no declararse impedido, podría haber incurrido en una conducta susceptible de investigación disciplinaria o penal.
El abogado Juan Rodríguez explicó que no apartarse de un proceso en el que existen vínculos profesionales previos puede derivar en actuaciones ante los organismos de control y eventualmente configurar un prevaricato por omisión.
El debate se intensificó aún más al recordarse que no todos los conjueces designados actuaron de la misma manera. Alejandro Felipe Sánchez Herón, también conjuez del CNE, se declaró impedido para intervenir en la decisión sobre la participación de Cepeda, al reconocer antecedentes profesionales relacionados con el proceso del expresidente Álvaro Uribe, lo que reforzó los cuestionamientos sobre la actuación de quienes sí participaron.
Cabe señalar que la votación que definió la inhabilidad de Cepeda se resolvió con seis votos contra cuatro, tras una deliberación interna que modificó el rumbo del proceso. Con ese resultado, se cayó la ponencia presentada por los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, quienes proponían habilitar al candidato para participar en la consulta del denominado Frente por la Vida.
Aunque Hollman Ibáñez presentó un salvamento de voto, su participación en el trámite es uno de los puntos centrales de la denuncia anunciada.
Con estas acciones, Iván Cepeda busca que la Fiscalía examine la legalidad de la actuación de los funcionarios involucrados y determine si se vulneraron las normas que rigen la imparcialidad en los procesos electorales.