El exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares presentó una acción de tutela contra el decreto del Gobierno del presidente Gustavo Petro que fijó el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 en un 23,78 %.
La tutela fue interpuesta por el comerciante Alexander Donato Rondón, a través de su apoderado Linares, y busca suspender provisionalmente los efectos del decreto mientras se decide el fondo de la acción jurídica.
Según el recurso, el Gobierno nacional fijó el incremento de manera unilateral, tras el fracaso de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, pero sin aplicar los cinco parámetros obligatorios que exige la legislación laboral colombiana, establecidos en la Ley 278 de 1996.
Entre estos criterios, detalla la tutela, están el análisis de la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y otros factores que deben ser considerados para legitimar un aumento de esta magnitud.
La tutela también destaca que el incremento del salario mínimo tendría efectos inmediatos e irreversibles principalmente sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que constituyen cerca del 99.7 % del tejido empresarial colombiano. En su argumentación, se advierte que los costos adicionales podrían derivar en cierre de negocios, reducción de jornadas laborales, despidos y un posible aumento de la informalidad laboral.
El anuncio del Gobierno de Petro de un aumento del salario mínimo en este 2026 fue oficializado a finales de diciembre de 2025, cuando el salario básico quedó establecido en $1.750.905 pesos, con un auxilio de transporte de $249.095 pesos, lo que lleva el total del ingreso a $2 millones de pesos mensuales.
Este incremento, cercano al 23,7 % respecto al salario anterior, fue decretado luego de que no se llegara a un acuerdo en la concertación entre empresarios y trabajadores.
El aumento ha generado un amplio debate público y político en Colombia. Sectores empresariales y algunos analistas económicos han advertido sobre posibles impactos negativos en empleo formal, competitividad y costos de producción, mientras que el Gobierno defiende la medida como una herramienta para mejorar el ingreso real de los trabajadores y avanzar hacia un salario mínimo vital y familiar.
Con la tutela en curso, el país está a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre si procede o no la suspensión provisional del decreto, así como sobre los argumentos de fondo relacionados con el cumplimiento de los criterios legales para fijar aumentos salariales.
La decisión podría tener implicaciones tanto para el Ejecutivo como para las relaciones laborales y económicas en el primer año completo de vigencia del nuevo salario mínimo.