Humberto de la Calle, exjefe negociador del Acuerdo de Paz con las extintas FARC-EP, y Sergio Jaramillo, exalto comisionado para la Paz, emitieron este martes 12 de agosto un duro comunicado en el que condenan el asesinato del exsenador y ex precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Al mismo tiempo, criticaron con fuerza al presidente Gustavo Petro por su “desdén e indiferencia” frente a la implementación de las medidas de protección contempladas en el acuerdo.
En su pronunciamiento, ambos exfuncionarios calificaron el crimen como “cobarde y doloroso” y señalaron que, además de ser un golpe a la democracia, representa un “durísimo golpe” al Acuerdo de Paz de 2016, cuyo objetivo principal era romper el vínculo entre la política y las armas y garantizar la seguridad en el ejercicio de la oposición.
De la Calle y Jaramillo recordaron que el Acuerdo de Paz contempló la creación de un Estatuto de Garantías para la Oposición y de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
Este último, según explicaron, incluye “programas de protección y seguridad para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición”.
Tras 27 años de espera y 12 intentos fallidos por desarrollar el mandato del artículo 112 de la Constitución, el Congreso aprobó por primera vez en 2018, mediante el mecanismo de ‘fast track’, la Ley 1909, conocida como Estatuto de la Oposición.
La norma, derivada del Acuerdo de Paz y de la Carta Política, otorga derechos como responder en igualdad de condiciones a intervenciones del Presidente en la instalación del Congreso, acceder a espacios de transmisión televisiva, recibir financiación adicional y ocupar curules automáticas en cuerpos legislativos tras perder elecciones.
Sin embargo, para los firmantes del comunicado, el derecho a la protección es el más importante de todos, especialmente en un país donde la violencia política ha sido recurrente. En este sentido, insistieron en que el Gobierno tiene la responsabilidad legal y constitucional de implementar el Sistema Integral y de promover la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización hacia quienes ejercen la oposición.
Críticas sobre la gestión de Petro
En el documento, los ex negociadores acusaron al presidente Petro de mantener frente al Sistema Integral de Seguridad la misma postura que, aseguran, ha tenido con todo el Acuerdo: “desdén e indiferencia, por no decir desprecio”. También señalaron que el alto comisionado de Paz ha declarado que no tiene responsabilidad directa en la implementación, delegándola a un funcionario “de tercer nivel”.
De la Calle y Jaramillo advirtieron que la paz y la seguridad “son dos caras de una misma moneda” y criticaron que, en las regiones PDET, el Gobierno haya abandonado a las comunidades, dejando espacio al crimen organizado.
“En lugar de implementar el Acuerdo y construir paz y seguridad, empodera a las bandas y disidencias, sentándose con ellas sin propósitos y métodos claros y sin un marco legal”, afirmaron en su carta.
Del mismo modo, señalaron que, si se confirma que las disidencias de las Farc, en particular la Segunda Marquetalia, están detrás del magnicidio de Uribe Turbay, se evidenciará “toda la dimensión de esta terrible equivocación”, por lo que exigieron que se les aplique “todo el peso de la ley” a los responsables.
En su mensaje final, destacaron que los procesos de paz suelen tener altibajos, pero reiteraron que el Gobierno debe tomarse en serio la protección de la oposición y de los firmantes de paz, fortaleciendo las capacidades de inteligencia del Estado.
“La historia de Colombia no tiene por qué repetirse si el Gobierno hace lo que tiene que hacer. Es imperativo que se tome en serio su responsabilidad legal y constitucional de proteger a la oposición política, como a los firmantes de paz, implementando el Sistema Integral y fortaleciendo las tan debilitadas capacidades de inteligencia del Estado”.
“Miguel Uribe fue un fiel y brillante opositor, entregado a la cosa pública, y un demócrata. Paz en su tumba”, concluye el comunicado conjunto.