El Consejo Nacional Electoral confirmó la sanción a la campaña Petro Presidente 2022 por violar los topes de gasto y recibir financiación prohibida.
Por una votación de 6 a 2 queda en firme la resolución de primera instancia.
La decisión respaldó las razones de la ponencia de primera instancia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes tras meses de investigación determinaron que la campaña electoral de la coalición Pacto Histórico excedió los topes de gasto permitidos por la ley en más de $ 5.355 millones durante la primera y segunda vuelta presidencial de 2022.
La votación se llevó a cabo sin la participación de los magistrados Álvaro Echeverry, del Partido MIRA, y Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, quienes fueron recusados debido a su implicación en esa misma campaña. La magistrada Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, fue una de las que votó en contra.
Entre las irregularidades detectadas se incluyeron la omisión de reportes de facturación de servicios de transporte aéreo con la empresa SADI, el pago a testigos electorales y donaciones de sindicatos como la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y la Unión Sindical Obrera, USO, las cuales están prohibidas por ley al provenir de personas jurídicas.
La donación de FECODE fue un factor clave para que el CNE decidiera multar a la campaña. Según el CNE, esta federación habría asignado $ 500 millones a la campaña presidencial de primera vuelta.
La ratificación de esta sanción se produce tras un intenso debate jurídico y político sobre la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar a un presidente en ejercicio.
Mientras la defensa de Gustavo Petro argumentó sistemáticamente que el organismo administrativo vulneraba el fuero presidencial, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado aclararon previamente que, si bien el CNE no tiene facultades para destituir al mandatario —competencia exclusiva de la Comisión de Acusaciones de la Cámara—, sí posee la autoridad para investigar y sancionar administrativamente a la campaña, su gerente y sus partidos avalistas.
Las sanciones de este proceso recaen sobre los responsables administrativos de la campaña, incluyendo al entonces gerente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la tesorera Lucy Mogollón y la auditora María Lucy Soto.
Además de las multas económicas, este fallo administrativo se convierte en una prueba para el proceso que avanza en el Congreso de la República, donde se evalúa la responsabilidad política y penal del presidente Petro.
El 8 de mayo, una semana antes de la decisión del CNE de mantener las sanciones, se anticipa que la Fiscalía le acusará por violación de topes electorales.