Un informe revelado por El Tiempo evidenció que el Gobierno nacional ha destinado más de 31 billones de pesos en contratos directos con organizaciones comunitarias bajo la figura de las llamadas Asociaciones Público-Populares, un mecanismo creado dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y que posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.
La información surgió a partir de un derecho de petición presentado a Colombia Compra Eficiente, que permitió establecer que durante este gobierno se han suscrito 80.734 contratos con juntas de acción comunal, asociaciones comunales, consejos comunitarios, cabildos, cabildos indígenas y resguardos.
Estas organizaciones, en muchos casos, coinciden con bases sociales y territoriales cercanas al proyecto político del gobierno.
Lo que anuló la Corte
En 2023, la Corte declaró inconstitucionales los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo. Estas normas habilitaban a las entidades del Estado a contratar de manera directa, hasta por la mínima cuantía, con personas naturales y entidades sin ánimo de lucro pertenecientes a la economía popular y comunitaria, sin necesidad de un proceso de licitación.
Según lo revelado por la investigación de El Tiempo, el Tribunal concluyó que el Gobierno se extralimitó al crear una nueva modalidad de contratación directa sin delimitar con precisión a quiénes aplicaba y sin respetar los principios que rigen la contratación pública, como la transparencia, la libre competencia y la reserva de ley.
¿Cómo se repartieron los recursos?
De acuerdo con los datos:
- Más de $25 billones se asignaron en 55.434 contratos con asociaciones comunales.
- Más de $2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios.
- Más de $1 billón en 2.274 contratos con resguardos.
- Más de $700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos.
- Más de $382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas.
- Más de $6900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal.
Sin embargo, una parte reducida de estos contratos aparece como finalizada. Por ejemplo, de los más de 55.000 contratos con asociaciones comunales, apenas el 13 % figura como terminado.
La mayoría permanece en estados como “en ejecución”, “modificado” o “celebrado”.
Alertas por baja ejecución
La Contraloría General de la República ha advertido sobre la baja materialización de obras asociadas a este tipo de contratación. En un informe sobre la política “Caminos para la Paz”, que utilizó este modelo, señaló que de los 33.000 kilómetros de vías rurales prometidos, solo se habían construido 2.387 kilómetros hasta 2025, es decir, cerca del 7 % de la meta.
Durante la discusión del PND en 2023, la Cámara Colombiana de Infraestructura cuestionó este esquema. Su presidente, Juan Martín Caicedo, advirtió que la contratación directa con asociaciones comunitarias podía terminar concentrando obras públicas en manos sin la capacidad técnica requerida, afectando a pequeñas y medianas empresas de ingeniería en las regiones.
También alertó sobre el riesgo de adjudicar contratos sin estudios y diseños adecuados, lo que podría derivar en obras inconclusas o de baja calidad.
La postura de la Procuraduría
El 13 de mayo de 2025, el procurador general Gregorio Eljach envió su concepto a la Corte defendiendo la constitucionalidad de esta forma de contratación.
La Procuraduría General de la Nación consideró que flexibilizar la contratación para fortalecer la economía popular era una medida razonable y que las normas del PND sí respetaban las reglas establecidas en las leyes de contratación pública.