El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara un nuevo cambio en el reparto de las acciones de tutela contra el presidente de la República. El ministro de Justicia, Iván Cancino, tiene listo un borrador de decreto que plantea que estos recursos vuelvan a ser conocidos en primera instancia por el Consejo de Estado.
La propuesta busca modificar nuevamente la regla vigente sobre el reparto de las tutelas relacionadas con actuaciones u omisiones del jefe de Estado. De acuerdo con el proyecto, estas acciones regresarían al máximo tribunal de lo contencioso administrativo para su trámite inicial.
El antecedente de esta discusión se remonta a 2021, durante el gobierno de Iván Duque, el Decreto 333 estableció que las acciones de tutela contra el presidente de Colombia fueran asignadas en primera instancia al Consejo de Estado. Entre los argumentos expuestos entonces estaban la necesidad de mantener la jerarquía, la desconcentración y la unificación jurisprudencial.
Sin embargo, esa disposición fue modificada durante el gobierno de Gustavo Petro en 2025, mediante el Decreto 799, se eliminó la regla que asignaba al Consejo de Estado las tutelas presidenciales y se estableció que fueran conocidas por jueces del circuito o de igual categoría.
Ahora, el Gobierno de La Espriella plantea revertir nuevamente esa decisión. El borrador elaborado por el Ministerio de Justicia propone que las tutelas contra las actuaciones y omisiones del presidente vuelvan a llegar, exclusivamente y en primera instancia, al Consejo de Estado.
Entre los argumentos incluidos en el proyecto está la naturaleza constitucional del cargo presidencial. El documento recuerda que la Constitución de 1991 define al presidente como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa.
A partir de esta última condición, el Gobierno sostiene que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo nacional pueden producir efectos en una ciudad, una región o incluso tener alcance nacional. Bajo esa consideración, plantea que las acciones de tutela relacionadas con el mandatario sean conocidas inicialmente por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
Otro de los argumentos expuestos en el borrador está relacionado con la posibilidad de lograr una mayor uniformidad en las decisiones judiciales. Según la propuesta, concentrar en el Consejo de Estado el conocimiento inicial de estas tutelas podría favorecer una respuesta judicial unificada frente a los casos relacionados con el presidente.
El Gobierno también sostiene que la medida no busca establecer una inmunidad ni un privilegio judicial para el mandatario. De acuerdo con el documento, el cambio estaría limitado al reparto de las acciones de tutela y a la autoridad judicial encargada de conocerlas inicialmente.