La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se sumó a las reacciones favorables frente a la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica, y consideró que se trata de una medida positiva para los territorios.
Para la mandataria regional, la decisión del alto tribunal evita impactos negativos sobre sectores estratégicos que dependen, en buena parte, de las rentas departamentales provenientes de licores y cigarrillos.
“En lo que tiene que ver con licores y cigarrillos, para nosotros los territorios es una decisión acertada y muy oportuna, porque esto nos iba a generar impactos muy negativos, especialmente en salud, en el pago del régimen subsidiado a la Adres; en educación, como la alimentación escolar y el transporte, y por supuesto en el deporte, que también se vería afectado”, dijo Toro.
En esa misma línea, indicó que la suspensión del decreto respondería a la gestión conjunta adelantada por los mandatarios que hacen parte de la Federación Nacional de Departamentos (FND).
“Desde la Federación habíamos solicitado la suspensión del decreto mientras se daba la decisión definitiva de la Corte Constitucional. Para nosotros es muy importante, porque de esta manera vamos a seguir recibiendo los recursos provenientes de licores y cigarrillos para subsidiar sectores fundamentales para nuestra sociedad”, mencionó.
A través de sus redes sociales, la Gobernadora del Valle reiteró su respaldo a la decisión judicial y destacó su impacto en la defensa de los intereses regionales.
“Defender los recursos de los territorios es defender a nuestra gente: por eso recibimos como una decisión acertada y oportuna de la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto de emergencia económica”, manifestó.
Finalmente, subrayó en la publicación: “Hoy celebramos que se mantengan estos recursos de licores y cigarrillos para seguir garantizando estos sectores clave y el bienestar de nuestra gente en el Valle”.
La suspensión del decreto por parte del alto tribunal generó interrogantes sobre el destino de los dineros recaudados durante la vigencia de la norma.
Expertos constitucionalistas advirtieron que, por regla general, los fallos de la Corte tienen efectos hacia el futuro y no retroactivos, lo que dificultaría la devolución de los impuestos ya pagados por los contribuyentes, especialmente en tributos al consumo.
Con la suspensión en firme, la responsabilidad del control constitucional definitivo recae ahora sobre los magistrados restantes, quienes deberán determinar si los argumentos del Gobierno validan la evasión del trámite legislativo ordinario.