Luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU determinara, por una votación de 13 votos a favor y dos abstenciones, que la Misión de Verificación de los Acuerdos de Paz continuaría por un año más, pero descartando el apoyo a los capítulos de la JEP y los pueblos étnicos, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez rechazó enfáticamente esta decisión.
A través de su cuenta de X manifestó que “esta decisión representa un retroceso significativo en el camino hacia la consolidación de una paz con justicia para los pueblos étnicos, más aún teniendo en cuenta que en sus territorios persiste la violencia de los grupos armados ilegales y se hace urgente proveer alivio humanitario”.
Luego de ocho años en los que el Consejo de Seguridad de la ONU apoyara de forma unánime la implementación de los Acuerdos de Paz con las extintas FARC, por primera vez y con evidente intervención de EE. UU., se rompió el consenso entre los embajadores de los países garantes.
Los países que se abstuvieron fueron Estados Unidos y Rusia, por diferentes posiciones. De acuerdo con información de la ONU, el embajador norteamericano, Mike Waltz, criticó al Gobierno de Colombia y señaló que “bajo el liderazgo del presidente Trump”, su país “ya no quiere ceder en su posición en materia de paz y seguridad en nombre de un proceso de paz deficiente”.
También insistió en que la Misión se ha “extendido del alcance original” y se ha vuelto insostenible financieramente, a lo que el embajador de Rusia, Vasily Nebenzya, respondió que “todos sabemos que la de Colombia es una de las misiones más baratas”.
De hecho, Waltz recalcó que cuando el presidente Petro dejara el poder, Estados Unidos tendría mejor disposición para apoyar sin restricciones este programa de la ONU.
El representante de Rusia, aclaró que estas posturas “reflejan las tensas relaciones entre los dos países”.
Después de varios debates, solo hasta el pasado 31 de octubre, los embajadores llegaron a un acuerdo para darle continuidad a la Misión de Verificación, pero reduciendo su impacto.
Para este año se concentrarán en los capítulos de reincorporación política, económica y social de los exintegrantes de las FARC-EP, las garantías de seguridad para firmantes de paz, sus familias, líderes y comunidades, y por último, la reforma rural integral. Los procesos con poblaciones étnicas y con la JEP no están incluidos.
Ante esto, la vicepresidenta agregó en su mensaje que “nuestro compromiso sigue firme: como Estado y como gobierno no vamos a abandonar nuestra obligación de implementar el Capítulo Étnico para seguir construyendo senderos de paz”.
Por su parte, desde su cuenta de X, el presidente Petro manifestó que quitar “el capítulo étnico, demostración de racismo, y la JEP, muestra la displicencia del gobierno actual de los EE. UU. con la verdad en Colombia”.
Países como China, Panamá, Argelia y Guyana, entre otros, respaldaron la resolución del Consejo de Seguridad, pero expresaron que debía buscarse medios para respaldar los dos puntos que quedaron por fuera.